El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Nuevo León amplió una suspensión dentro del expediente de la Controversia de Inconstitucionalidad 2/2023, que obligaría al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) a abstenerse de interferir con la entrega de los recursos a los municipios.
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Con base a información circulada por el Congreso y un resolutivo del TSJ, luego de que la Tesorería Estatal incumpliera con los plazos de la entrega de un fondo de 2 mil 500 millones de pesos a municipios, y tras una suspensión emitida por la Sala Superior del TJA para que se interrumpiera, el magistrado presidente, Arturo Salinas, resolvió dicho tema.
El Congreso del estado aseguró que tendría que revocar su determinación y evitar reincidir con actos similares.
La Controversia de Inconstitucionalidad fue presentada anteriormente por el Congreso, debido a que el gobernador Samuel García emitió un reglamento especial para restringir discrecionalmente el acceso a los recursos del fondo municipal referido.
“Al admitirse dicha controversia, el TSJ emitió una suspensión en la que se ordena a la Tesorería del Estado no privar a los municipios del acceso a los recursos económicos a los que en virtud de la Ley de Egresos tienen derecho, es esta suspensión la que ahora quedó ampliada para evitar que el TJA emita actos que interfieran con su cumplimiento”, se lee en la información legislativa.
Dentro de los tres resolutivos de Salinas se establece que el TJA, a través de sus órganos jurisdiccionales, no debe realizar actos tendentes a violar la suspensión decretada por esta autoridad por acuerdo del 7 de marzo del presente año.
La Sala Superior, así como la Segunda Sala Ordinaria, ambas, del TJA, realicen las acciones o actos jurídicos necesarios para respetar y hacer cumplir los efectos de la suspensión concedida por acuerdo.
“Dentro del ámbito de sus competencias, lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar que no se prive a los municipios de la base material y económica necesaria para ejercer sus obligaciones constitucionales frente a la sociedad, en relación con los recursos a que se refiere el artículo 98 de la ley de Egresos.
“La Sala Superior, así como la Segunda Sala Ordinaria, ambas, del Tribunal de Justicia Administrativa, se abstengan de realizar o emitir actos jurídicos que tiendan a limitar y condicionar los recursos económicos de los municipios a que se refiere el artículo 98 de la ley de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023”, se lee en el acuerdo del TSJ.
Se ordenó notificar y requerirse a los sujetos obligados la presente determinación para su debido cumplimiento, en el entendido de que se les concede un término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, para que informen a la autoridad las medidas o actos adoptados para el debido cumplimiento de la presente resolución.
“En caso no hacerlo así, y en virtud de la facultad que tiene expedita esta autoridad para hacer cumplir sus determinaciones, se aplicará en su contra el medio de apremio consistente en una multa de 90 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con lo estipulado en los artículos 27 y 42, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, de aplicación supletoria a la citada ley reglamentaria”, señaló.