Al señalar que la propuesta de la sociedad civil para una verdadera autonomía de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) quedó en el olvido, organismos civiles consideraron que la propuesta constitucional que planteó el gobernador Samuel García para modificar el proceso atenta contra la autonomía de la institución y es un grave retroceso para procurar justicia de manera imparcial.
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En un comunicado, al menos seis organismos encabezados por el Consejo Cívico manifestaron que la Fiscalía es usada como un coto más de poder entre el Congreso y el Ejecutivo.
“Es primordial que esta reforma (del gobernador) que vincula el nombramiento del fiscal general a voluntad de quien esté a cargo del gobierno no se lleve a cabo.
“La nueva Ley Orgánica para la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León aprobada en 2017 sentó las bases para que esta institución no forme parte del gabinete, pero que tampoco el nombramiento de su titular dependa del Congreso, precisamente para dejar de ser un espacio de poder en el que diversos actores mantienen cotos de poder para proteger sus intereses políticos o partidistas. Es indignante que en la práctica este objetivo no se haya cumplido”, manifestaron.
A nueve meses de la salida del anterior fiscal, dijeron, les preocupa que el gobierno estatal, el Congreso local y los partidos políticos mantengan la pugna por el control de la Fiscalía General de Justicia a través del nombramiento de su titular, quedando la comunidad como la parte más perjudicada.
Recalcaron que la reciente propuesta del Ejecutivo estatal para modificar el mecanismo de nombramiento atenta contra el avance que la sociedad civil organizada en México ha impulsado a favor de la autonomía de las fiscalías en el país.
“La designación de altos cargos en el sector justicia deben darse bajo verdaderas garantías que favorezcan el escrutinio público y la toma de decisiones basada en altos estándares de competencia e idoneidad para el puesto, y también bajo condiciones de objetividad, imparcialidad, transparencia e igualdad necesarios para esta designación pública.
“Exigimos al gobierno de Nuevo León, al Congreso local y a sus partidos políticos a dejar que el proceso de nombramiento del fiscal se dé bajo las condiciones de la legislación actual y garantizar la autonomía de la institución”, concluyeron.
La semana pasada, el gobernador Samuel García, a través de la Consejería Jurídica y la bancada de Movimiento Ciudadano, presentó una reforma constitucional para modificar el proceso de selección del fiscal general de Nuevo León, planteando que él será quien envíe al Congreso local una lista paritaria de cuatro perfiles para que los diputados designen al nuevo titular.
Ulises Carlin, consejero jurídico, dijo que esta modificación al artículo 159 de la Carta Magna no afectaría a la autonomía de la Fiscalía porque se prevé que solo el gobernador y los diputados tengan la batuta en el tema, abriendo la posibilidad de eliminar a todos los comités que establece el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
“Acabamos de presentar una iniciativa que reforma a la Constitución para cambiar las bases de la designación del fiscal y creemos que es un tema muy importante porque debe entrar la sociedad civil, hemos visto temas de seguridad que el gobernador tiene una injerencia importante, y hemos visto que ha fallado el actual sistema”, refirió.
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