La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, exhortó a los 84 municipios a que antes de que concluyan sus administraciones dejen en cero los pendientes en materia de áreas de retención municipal.
“Ya se van, faltan cuatro, seis meses para que puedan dejar el cargo y yo solicitaría de manera muy respetuosa que antes de irse pudieran dejar a su municipio en cero con Derechos Humanos”, sostuvo.
Esto, luego del Informe de seguimiento de la Recomendación General 002 “Derecho de las personas en Áreas de Detención Municipal en el Estado de Hidalgo”, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos, en el que se evaluó a los 84 municipios.
“Algunos municipios nos han solicitado reuniones para darles seguimiento, nosotros estamos en la mejor disposición de poderles acompañar para que cumplan las recomendaciones y que se puedan llevar a cabo todas las acciones”, sostuvo Parra Bonilla, al tiempo de mencionar que los municipios ya fueron notificados sobre el informe.
Enfatizó que se está a tiempo de que los ayuntamientos cumplan al 100 por ciento con las observaciones, aunque reconoció que “hay cosas que me quedan claro que no van a poderse lograr pero sí pueden dejar un plan emergente para que las siguientes administraciones no tengan las deudas de esta administración y al menos tengan claridad a qué se están enfrentando los nuevos gobiernos con los temas de las áreas de retención municipal”.
En el informe la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo calificó como deficiente el cumplimiento de los ayuntamientos a la recomendación general en materia de áreas de retención municipal, al señalar que la mayoría de los municipios no cumplen con la recomendación o solo parcialmente.
Puntualizó que el bajo índice de cumplimiento de la Recomendación General RG-0002-23, particularmente con un 26 por ciento de cumplimiento global, denota una deficiencia estructural en la garantía de los derechos humanos de las personas detenidas dentro de las áreas de detención municipales.
Indicó que la magnitud del incumplimiento, situada en un 67 por ciento, consiste en una transgresión sistemática de los deberes inherentes al Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos derivados tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de los tratados internacionales de los que México es parte.
Enfatizó que el siete por ciento de cumplimiento parcial de la recomendación, aunque podría ser considerado un indicio de progreso, no es suficiente para satisfacer las obligaciones en materia de derechos humanos con que cuenta el estado.