La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad contra la Ley General de Comunicación Social y contra la adhesión sobre objeción de conciencia a la Ley General de Salud.
En un comunicado, la CNDH aseguró que la Ley General de Comunicación Social, que regula la contratación de propaganda por parte del gobierno, no establece "reglas claras" para hacerlo.
Dijo que esa ley “no regula con suficiencia la materia de publicidad oficial y, por tanto, no se garantiza que el gasto en ese renglón cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez".
Por ello, afirmó que esa deficiencia representa un "riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, así como para el derecho de acceso a la información plural, pues la ausencia de tales reglas genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación”.
El organismo criticó que la ley delegue indebidamente a a las autoridades administrativas la facultad de establecer los criterios para contratar publicidad, lo cual puede derivar, dijo, en una distribución arbitraria y discriminatoria.
En cuanto a la Ley General de la Salud, la CNDH consideró que la modificación al artículo 10 Bis “abre la posibilidad a que se afecten derechos fundamentales como la salud, integridad personal, seguridad jurídica, a la vida, libertades sexuales y reproductivas, derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de los hijos, y derecho al libre desarrollo de la personalidad”.
La CNDH reiteró que “no se opone en forma alguna a una regulación del ejercicio de la objeción de conciencia", pero ésta debe de respetar los derechos humanos.