La Coalición Anticorrupción de Nuevo León dijo hoy estar confiada de que la Fiscalía Anticorrupción del Estado tenga acciones contundentes en sus carpetas para que impute a Jaime Rodríguez los delitos que tienen que ver con la requisa de la Ecovía en 2016.
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En conferencia de prensa en la Oficialía de Partes del Congreso de Nuevo León, Sandrine Molinard, del Consejo Cívico, dijo que confían en que los ex funcionarios que estuvieron involucrados en irregularidades, sean castigados por la justicia para que el Estado sea ejemplo en este tema.
“Claro que como toda la ciudadanía esperamos que haya acciones contundentes contra funcionarios que hayan cometido actos de corrupción, que hayan abusado de los recursos de la ciudadanía, que nos den señales o muestras de que se va a acabar la impunidad en ese tema”, apuntó.
Molinard agregó que en 2018 presentaron una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) relacionado con la firmas que el hoy preso recabó junto con ex colaboradores.
“La Auditoría no ha encontrado irregularidades en la Cuenta Pública y aun cuando tenía los elementos para hacerlo”, indicó.
Milenio publicó que el fiscal Javier Garza y Garza, especializado en combate a la corrupción en Nuevo León, consideró que cuentan con los hechos debidamente probados para demostrar ante un juez el abuso de autoridad del gobierno anterior en la requisa a la Ecovía, por lo que su objetivo en este caso es la vía penal y la posible prisión para los imputados.
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La lista la encabeza el ex gobernador Jaime Rodríguez, quien actualmente pasa sus días como reo en el penal de Apodaca, y la completan Roberto Russildi Montellano, ex secretario de Economía y Trabajo; Jorge Longoria Treviño, ex titular de la extinta Agencia Estatal del Transporte, y Manuel Benjamín González Fernández, ex director de Metrorrey.
Proponen reformas a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción
Para garantizar que los procesos de nombramientos en los organismos ciudadanos sean transparentes, inclusivos y eficientes, la Coalición Anticorrupción presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Por tercera ocasión propusieron reformar los artículos: único, 2, 16, 16 bis, 17, 18, 21, 23, 24 y 41 de la Ley del SEA para garantizar que los procedimientos para la identificación, evaluación, selección y designación sean públicos; asegurar la paridad de género y que los perfiles mejor evaluados sean quienes ocupen los puestos claves; y dar claridad en los procedimientos de selección y renuncia de los integrantes los órganos ciudadanos.
“Cinco años después es más que evidente que el Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León no ha sido capaz de dar resultados concretos en materia de prevención y combate a la corrupción”, explicó Gabriela Sagaón, integrante de Vertebra.
Los integrantes de la Coalición Anticorrupción coincidieron en que los diputados de Nuevo León “no pueden permitirse dejar las cosas tal como están, con fallas evidentes para la ciudadanía en temas tan sencillos como los procesos de nombramientos en los órganos ciudadanos del SEANL”.