El presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del estado, Octavio Magaña Soto, señaló que su Comisión está a la espera de la opinión técnica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) sobre el transfeminicidio.
Esto luego de que el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Jesús Osiris Leines Medécigo, afirmara que en Hidalgo se está atendiendo ya legislar en materia de transfeminicidio y que la iniciativa se encontraba en análisis en comisiones.
“Estoy esperando la opinión técnica de la Procuraduría”, sostuvo Magaña Soto, al tiempo de recordar que la primera entidad del país en donde se presentó una iniciativa de este tipo fue el Estado de México y no fue procedente.
El también coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México precisó que el transfeminicidio es la muerte de una persona trans por razón de su orientación o preferencia sexual.
Mencionó que hay estudios que consideran que el transfeminicidio sí es algo pendiente de legislar pero que en muchos otros es un homicidio calificado. Una vez que la opinión técnica de la Procuraduría llegue a la Comisión de Seguridad se continuará con su análisis y dictaminación.
El 22 de noviembre de 2023 diputadas y diputados de Morena, el Partido del Trabajo y Nueva Alianza Hidalgo presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal del estado para tipificar el delito de transfeminicidio con penas de 35 a 60 años de prisión.
La iniciativa de reforma al Código Penal del estado plantea que comete el delito de transfeminicidio quien, por razones de identidad de género y expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o persona cuya identidad de género, real o percibida, se encuentre identificada como mujer. Para ello se proponen 14 supuestos de identidad de género o expresión de género.
Así quien cometa transfeminicidio se le impondrá de 35 a 60 años de prisión. Para la acreditación del delito de transfeminicidio la Fiscalía y demás instancias correspondientes deberán seguir los requisitos establecidos por el Protocolo Nacional de Actuación LGBTTTIQ+.
A la persona servidora pública que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de 500 a mil 500 días multa, además será destituida e inhabilitada de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
La iniciativa fue turnada por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado en ese momento, Michelle Calderón Rodríguez a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y dictaminación.