Aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) debe transitar a Fiscalía General de Justicia a más tardar en el primer semestre de este año los diputados locales le etiquetaron un recurso menor al de 2023.
En 2023 los legisladores destinaron a la Procuraduría para la transición 238 millones 668 mil 312 pesos, en tanto para el 2024, año en que debe consolidarse la transición a Fiscalía, los diputados únicamente etiquetaron al proceso 209 millones 583 mil 787 pesos.
Esto representa 29 millones 84 mil 525 pesos en comparación con lo destinado el año pasado desde el Congreso del estado. Los trabajos para la creación de la Fiscalía deben quedar listos para el mes de julio de este año.
Cabe mencionar que el 3 de septiembre de 2021 los diputados de la LXIV, un día antes de concluir su gestión, aprobaron por unanimidad las reformas a la Constitución Política de Hidalgo para la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo.
El 20 de junio de 2022 los diputados locales de la LXV legislatura declararon la validez de las reformas constitucionales para la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo.
Los artículos transitorios establecen que las reformas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo entrarán en vigor una vez que inicie la vigencia de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo y que el Congreso del estado emita la declaratoria de la autonomía de la Fiscalía.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo, de acuerdo con las reformas aprobadas por los anteriores legisladores locales, será un órgano público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, el titular de la Fiscalía durará en el encargo siete años, la convocatoria la emitirá el Poder Ejecutivo y el nombramiento lo realizará el Congreso del estado.
No solo se modifica el nombre de Procuraduría a Fiscalía, enfatizan las reformas, sino que se establece una arquitectura institucional que prevé el destino y transición de recursos humanos, materiales y financieros así como un adecuado manejo de los procedimientos penales vigentes tanto al amparo del anterior como del nuevo sistema de justicia penal.