La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral firmaron el convenio de colaboración para que quienes se encuentran en prisión preventiva, puedan ejercer su derecho al voto durante el próximo proceso electoral.
El acuerdo se firmó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en donde Salvador Cruz Neri secretario de Seguridad Pública, recibió a la Vocera del Instituto Nacional Electoral Ma. del Refugio García López y a María Magdalena González Escalona.
Cabe recordar que la iniciativa surgió tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien determinó que las personas sin sentencia y bajo prisión preventiva, conservan sus derechos político-electorales, motivo por el cual, ambas instituciones se comprometieron a permitir el voto en los Centros de Reincersión Social.
Centros penitenciarios en Hidalgo
El estado de Hidalgo cuenta con 12 centros penitenciarios, estos se encuentran en: Actopan, Apan, Huichapan, Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, Mixquiahuala, Molango, Pachuca, Tenango de Doria, Tula de Allende y Tulancingo de Bravo.
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reportó que, con corte a enero del 2024, hay mil 635 internos a la espera de una sentencia, mil 486 hombres y 149 mujeres.
Será el Instituto Nacional Electoral (INE) quien lleve a cabo la votación anticipada de las personas en prisión preventiva sin sentencia condenatoria, del 6 al 20 de mayo, atendiendo el principio de presunción para maximizar el ejercicio de sus derechos humanos.
Señalaron que, a través de este acuerdo, ambos organismos garantizarán un proceso electoral inclusivo y respetuoso. Por si parte, el INE, se comprometió a intercambiar información, cubrir gastos de implementación y realizar actividades con racionalidad presupuestal.
En tanto la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo se comprometió a brindar seguridad durante las actividades electorales, comunicar cualquier obstáculo al voto, informar cambios en la situación jurídica de las personas en prisión preventiva, a demás de colaborar en la ejecución de lineamientos, dar a conocer las medidas de seguridad, restringir el acceso en caso de incumplimiento, así como tomar medidas adicionales si la estabilidad de los centros penitenciarios se ve comprometida.