El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informar cuántas veces los gobiernos estatales o municipales han solicitado ayuda a la Policía Federal y a la Guardia Nacional en tareas de seguridad en los últimos tres sexenios.
En su respuesta inicial, la SSPC quiso evadir la solicitud del ciudadano y se declaró incompetente para proporcionar dicha información, pues dijo que la extinta Policía Federal no le entregó documentación con esos datos.
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La solicitud inicial del ciudadano consistía en que la dependencia le entregara la versión pública de todos los documentos, donde cualquier instancia de gobierno estatal y municipal solicitara la participación, la colaboración o el apoyo o ayuda de elementos de la Policía Federal y de la Guardia Nacional.
Lo anterior, en actividades de seguridad pública de competencia estatal y municipal, dentro del periodo comprendido del 1 de diciembre del 2006 al 31 de diciembre del 2020.
La SSPC negó la información y dijo que “no recibió por parte de las unidades administrativas de la extinta Policía Federal información o documentación relacionada con la materia de la solicitud”.
El caso fue expuesto por el comisionado Adrián Alcalá en la sesión del pleno del INAI del martes pasado.
En ella, Alcalá propuso revocar la respuesta de la SSPC debido a que existen varios argumentos para confrontar la negativa de información que entregó al ciudadano solicitante. La propuesta fue aprobada por unanimidad del pleno del INAI.
Entre los argumentos están que dicha secretaría es la instancia encargada de supervisar el ejercicio de las facultades referidas a proponer las acciones para asegurar una coordinación en los trabajos en materia de seguridad entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.
Para ello, la Dirección General de Política y de Desarrollo Policial de dicha secretaría debe fungir como un enlace institucional con las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel local, pero también a nivel municipal en materia policial, asimismo, implementar los mecanismos de coordinación y de colaboración en materia de seguridad pública con los gobiernos de las entidades federativas, instituciones, agencias y otros organismos públicos o privados.
"La Guardia Nacional puede, y subrayo, celebrar acuerdos de colaboración para intervenir en actividades de seguridad pública con los estados y municipios, lo cual se materializa a través de la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana”, explicó Alcalá.
Alcalá dijo que, en una situación de violencia como la que se vive actualmente en el país, es importante que instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional rindan cuentas de las actividades que les han sido encomendadas.
El comisionado refirió que según el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio del presente año se tiene un registro a nivel nacional de un millón 180 mil 328 delitos del fuero común, datos considerablemente más elevados si se los compara al mismo periodo de 2020, cuando se tenía un registro de 888 mil 244 delitos.
“Por esto es imprescindible que todas las personas puedan conocer qué están haciendo nuestras autoridades para acatar y combatir la incidencia delictiva por la que atraviesa el país. De ahí, pues que considero la relevancia de actuar en apego a la transparencia y a la rendición de cuentas.
“Las instituciones no pueden desconocer los roles que tienen dentro de esta estructura gubernamental y también deben de estar obviamente conscientes que tienen el deber de actuar bajo la lupa ciudadana sobre la manera en cómo funcionan esas instituciones públicas, es decir, sujetas al escrutinio público”, añadió.
scsa