Pese a que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Pachuca afirmara que no se tenía información sobre la relación familiar entre la secretaria de Administración, Gabriela Morales Ríos y Ana Angélica Ríos Vázquez quien firma documentos oficiales como representante de la Contraloría, el presidente municipal, Sergio Baños Rubio, confirmó el parentesco.
Aunque su gobierno está por cumplir dos años en el mes de diciembre, dijo desconocer la relación entre ambas funcionarias municipales, quienes son primas y justificó que la representante de la Contraloría forma parte de la anterior administración y que la secretaria de Administración ingresó al Ayuntamiento en el inicio de su mandato.
“No se contrataron en esta misma administración, una ya trabajaba en la otra administración”, argumentó el edil al ser cuestionado sobre el tema. Respecto a qué medida se tomará al respecto, Baños Rubio apuntó que se preguntará al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (Itaih).
“Tenemos que ver y preguntar a través del Itaih, las instituciones pertinentes qué procede, si es un conflicto de intereses o no lo hay; pero por parte de nosotros no están contratadas en el mismo tiempo y espacio”, sostuvo.
En cuanto a si se llega a confirmar por parte de las instituciones que se trata de un conflicto de interés, Sergio Baños apuntó: “tenemos que verlo, tenemos que ver por parte de las dependencias correspondientes y nosotros nos vamos alienar a las normas, si el Itaih dice que hay un conflicto de intereses se tendrá que tomar una decisión, la que sea pertinente pero se tomará”.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que se entiende por conflicto de interés la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.
De igual modo, la Ley precisa que incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal menciona que un conflicto de interés es aquella situación en la que el juicio de la persona está indebidamente influenciado por sus intereses particulares, los cuales frecuentemente son de tipo económico o personal, contraponiéndose a los de la institución en la que se desempeña como servidor público, afectando la integridad de sus decisiones y el predominio del interés público.