La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Ana Karen Parra Bonilla, informó que será a finales de septiembre de este año cuando la Comisión inicie los trabajos del Diagnóstico Penitenciario 2023, el cual apuntó, se presentará en el mes de diciembre.
“Tenemos pendiente por presentar el Diagnóstico Penitenciario 2023 el cual comenzaremos a realizar las últimas semanas de septiembre para poder presentarse en diciembre y saldar la cuenta que tenía la Comisión de Derechos Humanos y entrar al 2024 con un diagnóstico de ese mismo año”, sostuvo.
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Cabe mencionar que el presidente interino de la Comisión, Javier Ramiro Lara Salinas, no entregó el Diagnóstico penitenciario 2022 y el diagnóstico del 2021 lo presentó siete meses tarde, el 29 de julio de 2022.
“La Comisión tenía un atraso en la presentación del Diagnóstico 2022, entonces nos dimos a la tarea de hacerlo de enero a marzo de 2022, personalmente fui a 42 municipios para identificar áreas de retención municipal y de ahí fuimos a los 12 Centros de Reinserción Social y el Centro de Internamiento para Adolescentes”, agregó Parra Bonilla.
Mencionó que a su llegada identificó que la Comisión siempre hacía informes de los Centros de Reinserción Social pero no diagnósticos, “no tenía el origen de la causa que estaba generando la violación reiterada de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”.
Hidalgo cuenta actualmente con 12 Centros de Reinserción Social: Actopan, Apan, Jaltocán, Huichapan, Ixmiquilpan, Jacala de Ledezma, Mixquiahuala de Juárez, Molango de Escamilla, Pachuca de Soto, Tenango de Doria, Tula de Allende y Tulancingo de Bravo, así como el Centro de Internamiento para Adolescentes.
Como parte del Diagnóstico Penitenciario 2022, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo observó que existe problema de hacinamiento en los Centros de Reinserción Social, cuenta con una sobrepoblación del 24.18 por ciento, lo cual produce, de acuerdo con el organismo, que los espacios en los que se encuentran las personas privadas de su libertad se reduzca más y resulte aún complicado el desarrollo de sus actividades cotidianas, de esparcimiento, deporte, trabajo, entre otros.
Enfatizó que los espacios que cuentan en su generalidad los Centros de Reinserción Social no son suficientes para la cantidad de personas que se encuentran en los mismos.
La Comisión emitió la Recomendación General RG-0001-23 en la que pide a la Secretaría de Seguridad Pública coordinar con la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y la Secretaría de Finanzas Públicas la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos, y en su caso, la ejecución de este, con el objetivo de que se construyan nuevos Centros de Reinserción Social, preferentemente para atender la sobrepoblación que se identificó en los penales de Apan, Huichapan, Mixquiahuala e Ixmiquilpan.
En el estado hay cinco mil 58 personas privadas de su libertad, de las cuales cuatro mil 707 son hombres y 351 son mujeres, sin embargo, la capacidad de los penales es de cuatro mil 73 personas.
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