En Hidalgo 17 menores de edad viven con sus madres en cinco penales, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los menores de edad se encuentran a lado de igual número de madres en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Actopan, la Huasteca Hidalguense, Tula de Allende, Tulancingo, Molango y Pachuca.
La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que las mujeres privadas de su libertad tienen derecho a la maternidad y la lactancia y que las hijas e hijos que nacieron durante su internamiento podrán permanecer a su lado dentro del Centro Penitenciario durante la etapa postnatal y de lactancia o hasta que la niña o el niño haya cumplido tres años de edad.
Así en el penal de Actopan hay dos menores de edad con sus madres, uno en la Huasteca Hidalguense, tres en Tula de Allende, uno en Tulancingo, uno en Molango y nueve en Pachuca.
Sin embargo, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 de la CNDH no precisa, de los 17 menores edad a lado de sus madres, cuántos son niños y cuántas niñas.
Cabe recordar que el pasado 5 de abril la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika Rodríguez Hernández, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes la cual busca dar atención a los menores de edad que viven con sus madres en prisión.
“La iniciativa incorpora a la Ley aspectos que fortalecen el pleno respeto y protección de los derechos de las niñas y niños que viven con sus madres en situación de reclusión a efecto de garantizar el interés superior de la niñez”, sostuvo la legisladora desde el Pleno.
A través de la reforma se plantea que las autoridades de los establecimientos penitenciarios garantizarán el pleno respeto y protección de los derechos de las niñas y niños que viven con sus madres en situación de reclusión, con la implementación de acciones que permitan y fomenten el crecimiento y desarrollo integral de las niñas y niños.
Además las niñas y los niños que sean hijas e hijos de mujeres en situación de reclusión, recibirán una alimentación saludable, educación, vestimenta y atención médica, atendiendo el interés superior de la niñez.
En tanto, los establecimientos penitenciarios deberán contar con espacios físicos que permitan las condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo y crecimiento de niñas y niños que viven con sus madres en situación de reclusión.
La reforma también propone que se adecúe el término guardia o custodia por el de guarda o custodia además de que el centro de readaptación social sea llamado establecimiento penitenciario de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De igual modo, los artículos transitorios plantean que el titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado y de los establecimientos penitenciarios, contarán con un plazo de un año, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto, para adecuar las disposiciones reglamentarias para el cumplimiento del mismo.
La iniciativa fue turnada por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, José Noé Hernández Bravo, a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y resolución correspondiente.