Entre el año 2020 y hasta enero de 2023 suman 60 carpetas de investigación por el delito de aborto en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
El reporte de la incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que en 2020 se iniciaron en la Procuraduría 23 carpetas de investigación, en 2021 se registraron 19, en 2022 se contabilizaron 18 y en enero de 2023 no se inició ninguna.
De acuerdo con Arturo Flores Molina, subprocurador de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social de la Procuraduría General de Justicia del estado, las carpetas de investigación por aborto se siguen iniciando porque el delito persiste en la entidad.
El Código Penal para el Estado de Hidalgo establece que Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Para los efectos del Código Penal el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.
Así se le impondrá de seis meses a un año de prisión y de 10 a 40 días multa a la mujer que cometa el delito de aborto. Igual pena se aplicará a quien haga abortar a la mujer con consentimiento de ésta.
El Código Penal establece también que el aborto forzado es la interrupción del embarazo sin el consentimiento de la mujer. A quien cometa el delito de aborto forzado, se le aplicará una pena de tres a siete años de prisión y de 40 a 150 días multa, y si mediare violencia, se impondrá de cuatro a nueve años de prisión y de 50 a 200 días multa.
Arturo Flores mencionó que en las carpetas de investigación iniciadas en 2022 en la Procuraduría por el delito de aborto ha habido la intervención de un tercero en los hechos, así como el hallazgo de fetos.