Al menos 17 estados del país tienen leyes de archivos deficientes y contrarias a la Constitución, informó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Una buena gestión documental permite el adecuado acceso a la información, la correspondiente lucha anticorrupción, y una correcta protección de datos personales, señaló el organismo.
Por ello, el INAI ha interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 17 acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes de archivos de igual número de entidades federativas, luego de un puntual análisis de esas legislaciones locales.
Los estados que tienen leyes de archivos deficientes son Colima, Nuevo León, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Chiapas, Sonora, Tlaxcala, Estado de México, Chihuahua, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas.
La Ley General de Archivos (LGA) entró en vigor el 15 de junio de 2019, estableciendo como plazo un año para que las legislaturas de las entidades federativas armonizaran sus ordenamientos con dicha ley.
Al cumplirse ese año en junio de 2020, de los 864 sujetos obligados a nivel federal, que incluyen a las dependencias de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, el Poder Legislativo y Judicial, sindicatos y partidos políticos; solamente 25 (es decir 2.89 por ciento) cumplieron con implementar en su totalidad su sistema institucional de archivos.
“Los principios establecidos en la LGA se encuentran estrechamente vinculados con los derechos que tutela el INAI, pues para promover la transparencia gubernamental y garantizar el derecho de acceso a la información, así como la protección de datos personales, resulta indispensable una adecuada gestión documental”, explicó el INAI en un comunicado.
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Añadió que el Instituto, junto con el Archivo General de la Nación (AGN), impartieron talleres de capacitación con el objetivo proporcionar el apoyo técnico y de colaboración a los actores claves de las entidades federativas para la adecuación o elaboración de las leyes específicas de archivos.
Ambas instituciones han analizado las iniciativas de 28 entidades federativas: Tabasco, Baja California Sur, Quintana Roo, Zacatecas, Guanajuato, Colima, Nuevo León, Sonora, Puebla, Michoacán, Hidalgo, Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Nayarit, Veracruz, Baja California, Morelos, Coahuila de Zaragoza, San Luis Potosí, Yucatán, Sinaloa, Tamaulipas, Aguascalientes y Tlaxcala.
LP