Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); planteó la necesidad de la creación de micrositios en los que se puedan transparentar, paso a paso, los procesos de entrega-recepción de los cargos públicos en todos los niveles, desde el federal hasta el municipal.
“El proceso de entrega-recepción debe transparentarse desde el inicio hasta el final, hasta el momento que el gobernante o el titular, quien vaya a recibir, estampe su firma. Es recomendable contar con micrositios de los procesos de entrega-recepción”, aseguró.
Luego de las elecciones del pasado 6 de junio, que forman parte del proceso electoral más grande de la historia del país, Del Río Venegas aseguró que la sociedad se tiene que convertir en contralora y renovar la cultura política para evitar la corrupción.
“Vamos a romper los paradigmas, porque si no avanzamos a una nueva cultura y una nueva clase política, vamos a seguir haciendo estas mesas en cinco años y vendrá otro proceso de entrega-recepción histórico y vamos a estar discutiéndolo; entonces, ojalá sea la base para dejar la reflexión a los ciudadanos y a los funcionarios”, dijo la comisionada al participar en la mesa de diálogo Transparencia en Procesos de Entrega Recepción, convocada por el organismo de transparencia de San Luis Potosí.
La comisionada aseguró que que la tarea es enorme y representa un esfuerzo mayúsculo, por lo que deben involucrase a fondo tanto los órganos garantes de transparencia de los estados, como los ciudadanos y, para ello, está la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde pueden consultarse 14 formatos relacionados con los procesos de entrega-recepción.
Al respecto, la titular de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (CEGAIP), María José González Zarzosa, precisó que los procesos de entrega-recepción sirven para examinar logros realizados por el gobierno saliente y para que las personas servidoras públicas entrantes conozcan con qué recursos y bienes trabajarán durante su gestión.
Recordó que es posible que, si se detectan irregularidades, las y los funcionarios salientes incurran en responsabilidades y sean, en su caso, sancionados; proceso que es de interés público y debe ser seguido por la sociedad civil.
Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, auditora superior de San Luis Potosí, explicó que en esa entidad se modificó la Ley de Entrega Recepción, con lo que se incorporó a nuevos entes públicos.
La auditora insistió en la necesidad de educar a las personas servidoras públicas que, en casos como los ayuntamientos, las personas que salían desvalijaban, destruían y se llevaban bienes públicos. “El proceso de educación a servidores públicos ha durado mucho, no ha acabado”, dijo.
El fiscal anticorrupción de San Luis Potosí, Felipe Aurelio Torres Zúñiga, explicó que los actos de entrega-recepción no son por sí mismos obligaciones de transparencia de oficio, pero sostuvo que es posible publicitarlos valiéndose de prácticas de transparencia proactiva, previstas en la Ley General de Transparencia.
LP