La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en el país exhortaron al Estado mexicano garantizar una investigación efectiva de los delitos y violaciones a los derechos que sufrió la periodista Lydia Cacho.
Ambas organizaciones señalaron que dicha investigación debe incorporar plenamente la perspectiva de género y determinar a los autores materiales intelectuales de los hechos, para evitar que permanezcan en la impunidad. Lo anterior, luego de que el 26 de julio, Kamel Nacif obtuviera un amparo para revocar la orden de aprehensión por su probable participación en el delito de tortura contra la periodista.
En ese sentido, ONU Mujeres y ONU-DH recordaron la obligación de todas las instituciones del Estado mexicano para dar cumplimiento al Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso, en dicho documento, el Comité de Derechos Humanos determinó que el gobierno había violado el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y a la no discriminación, en relación con la protección contra la tortura, la protección de la libertad y seguridad personal; y el respeto a la libertad de expresión.
Del mismo modo, el Comité señaló que “los tratos a los que se sujetó a la autora tuvieron un objetivo discriminatorio por razón del sexo, a la luz de la naturaleza de los comentarios sexuales vertidos y del trato sexualizado y violencia de género infligida”. Por lo que, la impunidad en el caso de Lydia Cacho no sólo afecta a la periodista y a sus familiares, sino que favorece la repetición de los delitos y las violaciones a derechos humanos, impactando negativamente a todas las mujeres en México que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos.
Además, destacaron que la atención efectiva de las graves violaciones de derechos en México necesita el compromiso de todas las autoridades, incluidas las judiciales. Por ello, hicieron un llamado a los poderes judiciales federal y estatales a hacer efectivos el acceso a la justicia, la verdad, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición a las víctimas del delito.
Finalmente, los organismos del ONU refrendaron su disposición de seguir brindando asesoría y cooperación a las instituciones del Estado mexicano, incluidas las judiciales, para contribuir a la efectiva incorporación de los estándares internacionales de derechos humanos en su actuar.
LP