Aunque el Gobierno de Nuevo León destaca la reestructuración de los penales, datos federales exhiben que el sistema penitenciario de la entidad tiene los primeros lugares en adicciones a drogas, riñas y presenta deficiencias como poco personal especializado en reinserción social y una ocupación casi al tope.
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios, en Nuevo León el 86 por ciento de las personas privadas de la libertad padecen alguna dependencia a sustancias psicoactivas.
Esta cifra ubica al estado en el segundo lugar nacional en adicciones dentro de los penales, solo por detrás de Jalisco.
- Jalisco: 94%
- Nuevo León: 86%
- Colima: 80%
- Zacatecas: 77%
- Estado de México: 71%
Las riñas son otro problema frecuente en las cárceles del estado, pues de acuerdo con el reporte delINEGI, tan solo en 2020 ocurrieron 108 agresiones entre los internos. Así, Nuevo León se posicionó en tercer lugar nacional en eventos de riesgo para la seguridad dentro de los centros.
- Estado de México: 490
- Baja California: 213
- Nuevo León: 108
Mientras a nivel nacional el promedio de psicólogos en los penales es de 24, en la entidad solo están reportados 14 para dar servicio a los 8 mil 54 adultos privados de la libertad. Otra cifra de especialistas por debajo de la media es la de los trabajadores sociales, y es que solo se registraron 16, cuando el promedio en el país es de 30.
Además, informe reveló que los penales para adultos ya se encuentran al 92.21 por ciento de su capacidad.
Desinterés gubernamental en penales
Las deficiencias y las altas cifras de incidentes con las que operan los penales en Nuevo León son resultado de un desinterés gubernamental y atender esta situación debe ser un tema prioritario para la próxima administración estatal, así lo consideraron organizaciones de defensa a los derechos humanos.
Para Consuelo Bañuelos, directora de Promoción de Paz, es necesario que el presupuesto del sistema penitenciario sea bien dirigido hacia la reinserción social para así disminuir los problemas de riñas y adicciones.
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De acuerdo con Ana Luna Serrano, quien es directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, esta falta de recursos encaminados a mejorar la calidad de vida de los internos obedece al estigma que tiene este sector de la población, lo que lleva a que se vulneren sus garantías individuales.
Ambas organizaciones coincidieron en que las próximas autoridades deben asumir el costo político de garantizar los derechos dentro de los penales. Sin embargo, advirtieron que las problemáticas como las adicciones no son exclusivas de los centros de reinserción social, sino que también deben ser atendidas en la población en general.