La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra, aseguró que no hay justicia que valga si se ampara en la omisión y la opacidad y puso como ejemplo que en los casos de corrupción, puede exceptuarse el principio de presunción de inocencia de las personas.
Así lo aseguró Ibarra Cadena al inaugurar el foro Límites del Estado en la persecución delictiva y su impacto en medios masivos de difusión, organizado por la Escuela Libre de Derecho y la Academia Mexicana de la Comunicación (AMDC).
La comisionada presidenta explicó que si bien, en la persecución de los delitos, la regla general es proteger los datos personales de las indagatorias iniciadas en contra de particulares, para no afectar la presunción de inocencia, existen ciertas excepciones para abrir la información.
“Hay casos en que esta presunción es susceptible de verse superada, por ejemplo, en los casos de corrupción, en los que, mediante la aplicación de una prueba de interés público, analizando los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en sentido estricto, se puede determinar que debe prevalecer el derecho a saber de la sociedad, aunque no haya determinación sancionatoria firme”, planteó.
Pero también dijo que, en aquellos casos donde una persona ve afectada su presunción de inocencia por las publicaciones en medios de comunicación sobre procesos penales o investigaciones a que están sujetas, se debe analizar el equilibrio entre ese derecho y los límites del ejercicio periodístico, cuando hay interés público.
La comisionada presidenta del INAI también opinó que el uso extendido de la prisión preventiva puede afectar la presunción de inocencia y, por lo tanto, planteó que debe ser una excepción, pues si no se aplica con respetando los derechos humanos, puede convertirse en una herramienta jurídica para vulnerar las garantías, que son universales e irrenunciables.
“Esto impacta la calidad de la impartición de justicia en México, misma que, ya de sí, se encuentra en un estado crítico. Basta mencionar que, según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, correspondiente a octubre de 2021, más del 42 por ciento de las personas privadas de la libertad no cuenta con sentencia firme”, destacó.
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Por su parte, Ricardo Antonio Silva Díaz, rector de la ELD destacó que el foro es un espacio necesario para poder reflexionar y entender dos de los valores y derechos esenciales en cualquier sociedad democrática: tanto la perspectiva de la libertad de expresión, la transparencia y el acceso a la información, como la capacidad y potestad punitiva del Estado.
Ricardo Homs, presidente de la AMCD, reconoció que hoy en México se vive un fenómeno psicosocial muy grave y de peligrosas consecuencias: la justicia mediática; hoy, parece haber intentos de dirimir los grandes casos jurídicos, de potencial mediático, a través de declaraciones públicas y pretender que los jueces simplemente validen y respalden el veredicto de las mayorías
LP