Pese a los señalamientos de que transportistas de la ruta México-Tizayuca están siendo extorsionados, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que no tiene denuncias al respecto.
Por su parte la Agencia de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (ASEH) señaló que no han sido alertados, en los recorridos de la carretera hacia Tizayuca, por los choferes del transporte público sobre las extorsiones que acusan en su contra.
La Procuraduría informó que en lo que va de 2022, de enero a julio, se han iniciado 21 carpetas de investigación por el delito de extorsión, sin embargo precisó que ninguna ha sido por parte de choferes o propietarios de automotores del servicio de transporte público.
De acuerdo con datos de la Fiscalía, en los últimos siete meses del año se han iniciado 12 carpetas de investigación por los delitos de robo y asalto en el transporte público.
En tanto, la Agencia de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo mencionó que aunque no han sido alertados por los transportistas las extorsiones provienen del Estado de México y no de Hidalgo.
Enfatizó que el tramo que recorren los transportistas en la parte de Tizayuca es mínimo y que el problema inicia en el cruce del Estado de México hacia Tecámac, Hueypoxtla, Ecatepec y Cerro Gordo.
Por otra parte, entre enero y junio de este año el número de carpetas de investigación por el delito de extorsión iniciadas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo superó las registradas en todo el 2021.
De acuerdo con el reporte de la Incidencia delictiva del fuero común 2022, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre del año se iniciaron 130 carpetas de investigación por extorsión en la Procuraduría, 22 más que en el 2021 pues ese año se iniciaron solo 108.
El delito registra en enero 14 carpetas de investigación, en febrero aumentaron a 21, en marzo la cifra se mantuvo en 21, en abril se elevó a 28, en mayo fueron 25 y en junio sumaron 21.
Las 130 carpetas de investigación iniciadas en la Procuraduría el primer semestre de este año están por superar todas las del 2020, pues ese año se iniciaron un total de 133.
El Código Penal para el Estado de Hidalgo establece en el delito de extorsión que el que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un hecho o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de 25 a 250 días.
Cuando el autor o partícipe sea servidor público o miembro de alguna corporación policial o agente de seguridad de empresa privada prestadora de ese servicio, en ejercicio de sus funciones, la punibilidad se aumentará dos terceras partes; adicionalmente, se le privará de su cargo y se le inhabilitará para desempeñar otro hasta por el máximo de la pena privativa de libertad.
El pasado 18 de julio el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del estado, Rodrigo Castillo Martínez, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Hidalgo para que el delito de extorsión se sancione con prisión de cuatro a 12 años y multa de 100 a 400 días.