El fiscal encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, reveló que se han recibido cinco denuncias por presuntos actos de corrupción que implican a funcionarios públicos del anterior gobierno estatal que concluyó el 4 de septiembre.
De acuerdo con Nieto, se ha dado parte a la Secretaría de la Contraloría para realizar un trabajo conjunto y reunir elementos con los que se pueda consolidar una acusación de manera formal, además de seguir la ruta de la presunta red de corrupción y desvío de recursos en municipios que dio a conocer el gobernador Julio Menchaca a inicios de la semana.
“Recibimos cinco denuncias de corte anónimo, vinculadas con temas de corrupción de la anterior administración, y adicionalmente de manera coordinada con la Contraloría del estado, estamos desarrollando la investigación de casos de corrupción en Huautla y esto vincula a otros seis municipios, vamos a seguir trabajando en la integración de las carpetas de investigación y por supuesto que involucran a autoridades de la gestión anterior y autoridades municipales”, expresó.
De gira por el municipio de Tulancingo, en donde acudió con el presidente municipal, Jorge Márquez Alvarado para brindar una capacitación a servidores locales, insistió en que el tema del combate a la corrupción es el eje toral del actual gobierno en Hidalgo, por lo que se debe atender principalmente desde las instancias municipales.
“Es necesario combatir la corrupción política que da soporte a muchos de estos grupos, particularmente en ámbitos municipales hay que hacer una revisión, por eso es fundamental dar impulso al combate a la corrupción política, municipal, ministerial y policial, deben ser combatidas en todas sus aristas, los grupos delictivos no surgen por generación espontánea, muchas veces por amenazas o presión o por cooptación, terminan llegando a las corporaciones”.
Santiago Nieto dio a conocer que tan solo ayer se detuvo a dos funcionarios por su probable culpabilidad en los delitos de cohecho e incumplimiento de un deber legal.
“Tuvimos un caso, se detuvo en flagrancia a dos personas, una agente del ministerio público y otra persona de la Procuraduría de Justicia, pidiendo dinero a justiciables, esto es incompatible, es un acto de corrupción y por eso en estos momentos se encuentran en un proceso y se ha solicitado la audiencia para su vinculación y serán separados de la institución”.