Uno de los reclamos sociales ante la muerte de Tadeo, niño de ocho meses víctima de un incendio provocado en una unidad de transporte público, ha sido la vulnerabilidad del pequeño ante la falta de garantía de su seguridad y la de los pasajeros que viajaban en la unidad, una situación en la que se encuentran cientos de niños que son víctimas de diversos abusos que se mantienen impunes, por lo que una agrupación propone la figura de un fiscal de derechos de los niños.
La situación que prevalece en el estado de Jalisco en torno a las condiciones de vida de los niños, debería de ser uno de los temas principales en la agenda pública, pero ni siquiera está considerado en las propuestas de los candidatos a la gubernatura del estado, así lo señaló la organización Por Nuestros Niños, que sostiene que los casos de abusos en albergues son solo unos de los tantos que no se resuelven de manera adecuada en la entidad.
Gabriela Juárez Piña, integrante de la organización civil, señaló que además de no lograr resolverse los casos, no existe en Jalisco una figura que dé certeza de respuesta y vinculación institucional ante denuncias, pero sobre todo, que prevalece una re victimización de los niños que vieron vulnerados sus derechos, una situación que exigen que sea atendida por autoridades, incluso propusieron crear la figura de un fiscal que garantice los derechos de los niños.
La agrupación, que se encuentra en proceso de registro de Asociación Civil, presentó los testimonios de algunos casos en los que las autoridades no han logrado garantizar los estabilidad, bienestar y justicia a niños que fueron vulnerados en sus derechos.
En uno de estos casos, la madre de una estudiante de la secundaria 6 mixta Jalisco en el turno vespertino, narró la forma en que se percató que uno de los profesores solicitó a su hija fotografías de diversas partes de su cuerpo, “hasta el desnudo total”.
La madre de la menos aseguró que el lenguaje empleado por el maestro de secundaría fue explicito y completamente inadecuado para una menor de edad, pero además, indicó que su hija no fue la única expuesta a este acoso por parte del docente, sino que al menos habría tres niñas más involucradas.
La madre de la alumna señaló que se percató de la situación el 26 de noviembre y un día después acudió a Ciudad Niñez para interponer la denuncia, la cual no procedió a pesar de las pruebas, por lo que posteriormente acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el mes de marzo pasado, visita de la cual se derivó la queja 1141.
Para el 05 de abril, la denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público, donde la carpeta de investigación se conformó de manera inadecuada y “el calvario continuó”, señaló la madre de la menor, pues hasta el momento ya acudió, además de las instancias mencionadas, a la Secretaría de Educación, la Fiscalía Central, la Fiscalía Regional y hasta el momento no ha recibido ninguna solución favorable.
Un caso similar fue el que señaló otra madre de familia presente en la rueda de prensa de la agrupación mencionada, éste, correspondiente a una denuncia generada en 2017 en el municipio de Chapala y que involucra presunto abuso sexual en agravio de al menos diez menores, alumnos de un jardín de niños.
El caso aun no genera sentencia contra los presuntos responsables, incluso al cumplirse los seis meses de prisión preventiva contra la imputada, por lo que se han emitido prórrogas a la prisión preventiva y eso genera desconfianza en los padres de las víctimas.
La organización dio a conocer otros casos como el de una mujer que perdió la custodia de sus cinco hijos por supuesto maltrato, cuando se comprobó que se trataba de un caso de pobreza extrema y que ha llevado a los menores a vivir en albergues, separados unos de otros, dos de ellos han sufrido abuso sexual y uno se encuentra ilocalizable al haber escapado de la casa hogar en la que se encontraba, todos, suman siete años sin vivir en familia.
SRN