En la segunda mitad de octubre de este año, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) sufrió un cambio con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público con el que se tuvo un nuevo ordenamiento en cada una de sus áreas al cambiar de nombre, crearse nuevas instancias y reagrupar las Unidades, Coordinaciones, Direcciones y Fiscalías en las Subprocuradurías.
La Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad, que anteriormente solo tenía a su cargo a la Coordinación General de Atención a la Víctima y la Familia, cambió de nombre a Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social.
Y no solo ello, también agrupó a ocho áreas a su cargo: la Fiscalía de delitos sexuales y contra la familia que antes era la Coordinación General de Atención a la Víctima y la Familia; la Fiscalía para adolescentes; la Fiscalía de delitos de desaparición de personas; la Fiscalía de delitos de género y trata de personas; la Coordinación de revisión y seguimiento; la Dirección de atención temprana; la Unidad de análisis y contexto; y la Coordinación de búsqueda e identificación de personas.
Arturo Flores Molina, titular de la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social, señaló que dentro del reordenamiento que sufrió la Procuraduría el del área su cargo fue el más importante.
“Para toda la Procuraduría es un ordenamiento de todas las áreas que en el anterior Reglamento ya estaba muy desfasado, se habían generado áreas con anterioridad y ya no reflejaban la realidad a la nueva organización”, aseveró.
El nuevo Reglamento
El nuevo Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público el cual sustituyó al del 2 mayo de 2016 creado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), además la Dirección General de la Policía Investigadora se convirtió en División de Investigación, la Dirección General de Servicios Periciales en División Científica y la Coordinación General de Atención a la Familia y a la Víctima en Fiscalía de Delitos Sexuales y Contra la Familia.
El Reglamento, entró en vigor el pasado 15 de octubre, es de observancia obligatoria y tiene por objeto establecer la organización y funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo para el ejercicio de las facultades y obligaciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del estado de Hidalgo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Ministerio Público del estado de Hidalgo y demás ordenamientos aplicables.
Como parte del cambio que comenzó a darse al interior de la Procuraduría, la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social fue la que más Fiscalías y Coordinaciones agrupó además de la Unidad de Análisis y Contexto.
“En lo particular a la Subprocuraduría que antes tenía la denominación de Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad me parece que fue el cambio más significativo de todos”, sostuvo Flores Molina.
La investigación de los delitos
Así a la Subprocuraduría le compete conocer los delitos cometidos por razones de género; contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual y de los derechos reproductivos; contra el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia; contra la moral pública; contra la libertad de expresión, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas; los que se cometan en agravio de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres por razón de su género y las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transexual e intersexual por razón de su orientación erótico afectiva, y que su investigación y litigación se instruya por el procurador o que la persona titular de la Subprocuraduría solicite su atracción en virtud de su impacto social.
Además de los delitos previstos en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas; los previstos en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos; los atribuidos a personas que tengan doce años cumplidos y menos de dieciocho, de conformidad con la Constitución general, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y su reglamento; aunados a los demás que establezcan el marco normativo aplicable y el procurador.
- ¿Qué les diría a las familias de las víctimas ahora que las Fiscalías están dentro de la Subprocuraduría? -, se le pregunta a Arturo Flores.
-De inicio que nos tengan la confianza para venir a denunciar el delito, que tengan la certeza de que vamos a hacer las investigaciones con el profesionalismo que nos exige la ley, pero también que vamos a tratarlas con empatía y que vamos a buscar que se dé una reparación integral de los daños que se les han causado.