Representantes vecinales de Chapalita, Monraz, Monraz Terrazas, y representantes de la Escuela Superior de Arquitectura, la Academia Nacional de Arquitectura (capítulo Guadalajara), y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, delegación Jalisco, manifestaron hoy “nuestra preocupación por la cada vez más frecuente judicialización de los procesos de desarrollo urbano por parte autoridades correspondientes”, pues es para la ciudad el escenario que menos le conviene, ya que lleva a “la vigencia de unos planes parciales que fueron concebidos y aplicados para una ciudad que ya no existe”.
En conferencia de prensa, el mediodía de ayer, los convocantes dieron a conocer “nuestra posición respecto a los planes parciales de desarrollo urbano, en particular a los correspondientes al Distrito 2 Minerva […] ya que hoy se ve amenazada su vigencia debido a recursos legales que dejan en manos de los tribunales la planeación urbana, la cual debe ser materia técnica de profesionales, utilizando la ley que en su origen fue creada para garantizar el derecho de las personas y de la comunidad, y que actualmente está siendo utilizada por intereses particulares”.
En un comunicado leído ante medios de comunicación, ponderaron: “al quedar vigentes los planes parciales del 2003 [como efecto de la concesión de amparos contra los de 2018], se genera un retroceso con el cual quedamos a merced de criterios técnicos caducos, que no armonizan con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Federal, ni con el Código Urbano para el Estado de Jalisco, ni con el reglamento de Gestión Integral de la Ciudad de Guadalajara”.
Los planes parciales “establecen una serie de normas donde se limitan las alturas máximas, con criterios de retranqueo para evitar la pérdida del asoleamiento y de las visuales en el entorno del proyecto en cuestión, además de los coeficientes de ocupación y de utilización de suelo máximos que generan la posibilidad de la recuperación de recursos extraordinarios con el fin de ser estos aplicados en la propia zona para mitigar el impacto que se pudiera generar, así como establecer criterios de sustentabilidad y pertinencia al enfocar el desarrollo a los corredores de movilidad del Transporte público masivo, previos a cualquier proyecto, además de que se apegan a los principios de derecho a la ciudad, equidad e inclusión, derecho a la propiedad urbana, coherencia y racionalidad, participación democrática y transparencia, productividad y eficiencia, protección y progresividad del espacio público, resiliencia, sustentabilidad ambiental y accesibilidad universal y movilidad”.
Estos puntos “son solo algunos por los que nuestra posición es a favor de que continúe su vigencia y debemos hacer constar que el dejarlos sin efecto nos genera riesgos y daños irreparables y serían responsabilidad de quienes hoy promueven su desconocimiento. Esto es por lo que tenemos la obligación de apoyar y defender el derecho a contar con herramientas e instrumentos acordes a las circunstancias actuales y a la técnica derivada de la Nueva Agenda Urbana, es necesario se conozca, que para llegar a la materialización de los nuevos planes parciales pasaron 18 meses en los cuales nuestras asociaciones estuvieron trabajando con la participación comunitaria de los interesados así como con el apoyo de expertos en múltiples y diferentes oportunidades y que para ello las autoridades municipales abrieron foros de consulta, talleres y reuniones de análisis para su elaboración, garantizando que todas las voces fueran escuchadas y se vieron reflejadas en ellos”.
De resolverse por vía judicial, paradójicamente, “va contra el espíritu de la ley, el cual establece que el objeto de la ley en su artículo primero, párrafo V: es el de ‘propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia”
No obstante, advirtieron, “no estamos legitimando los contenidos de los planes parciales en su totalidad, ya que dichos instrumentos deben estar permanentemente en revisión y actualización y son perfectibles, además deben estar siempre en contacto con los Ciudadanos que habitan el territorio de su influencia”. Pero “la única manera de defender la ciudad es estar unidos colonos y técnicos con el apoyo de instituciones académicas, como en este caso, la Academia Nacional de Arquitectura coadyuva con las asociaciones presentes, apoyando las experiencias a las asociaciones presentes, para poder tomar decisiones pertinentes”.
SRN