“Está resultando muy pesado para nosotros sostener esta protesta”, le confesó un dirigente wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán a un alto funcionario del gobierno de Jalisco. Sostener cuatro puestos de inspección permanentes con más de dos centenares de comuneros cada uno, distraídos de sus labores productivas; tener sin clases a sus hijos desde hace 27 días, y sin atención médica todas las localidades de la dilatada geografía de Wuaut+a, ha generado agotamiento y desesperación.
Ese contexto explica la acción tomada hace tres días, de retener funcionarios estatales en demanda de que las tierras de Huajimic, enclavadas en zona administrada desde hace décadas por Nayarit, fueran finalmente entregadas, situación en la cual, el gobierno de Jalisco sólo puede incidir de forma indirecta, pues ha descuida su frontera del empuje de los nayaritas por casi un siglo, y ahora sólo ve “los toros desde la barrera”.
Tener a todo un pueblo movilizado en una protesta en la cual, los frutos han demorado, ha generado un desgaste no solo social y emocional, añade el funcionario, que dialoga con MILENIO JALISCO a condición de no ser identificado, pues la postura institucional del gobierno de Jalisco es que no tiene un expediente de conflicto con sus wixaritari. “Hay una fuerte pérdida económica, ellos me lo comentan; sostener a centenares de personas en los sitios de vigilancia obliga a gastar miles de pesos en alimentos y bebidas, y a eso debemos agregar que se exponen a arrebatos de violencia o rencillas con vecinos de la sierra que no están de acuerdo con la restricción de tránsito que ha traído la protesta”.
Si a esto se agrega la presencia socialmente erosiva de grupos criminales, que requieren usar el corredor Bolaños-Tuxpan de Bolaños-Puente de Camotlán, los riesgos aumentan.
La otra situación preocupante es el tema electoral. “No es solamente lo que significa a nivel simbólico no participar en uno de los sucesos más relevantes de cualquier democracia; es privar a ese procedimiento de su legitimidad, es apartarse de la oportunidad que tienen de exigir e incidir en las decisiones institucionales que regulan sus propias vidas sobre todo como comunidad, y es el riesgo de que haya una radicalización, ya han soltado por ahí algunos la idea de un municipio autónomo (…) al gobernador le debe interesar de forma prioritaria atender este tema y ayudarlos”, señala otro funcionario, preocupado por el deterioro de la relación con los aborígenes de la sierra.
Lo cierto es que los miembros del comisariado de bienes comunales de San Sebastián y Tuxpan, los del consejo de vigilancia y los gobernadores tradicionales de ambas demarcaciones, acudirían ayer a la ciudad de México, pero una llamada del director de Asuntos Agrarios, Mario Vladimir Avilés, les indicó que la cita en Secretaría de Gobernación se posponía al lunes porque la agenda de jueves ya estaba saturada para la responsable del diálogo con pueblos indígenas, Rosa María Nava Acuña. “Los esperaban el miércoles y se tuvo que mover al lunes”, aclaró el abogado de los indígenas, Carlos González García.
En la radio, el vocero del gobierno, Gonzalo Sánchez, declaraba que el tema es federal y que Jalisco sólo es gestor. Los aborígenes pasaron así un día más en la sierra, apesadumbrados por lo que ven como“pura tibieza”.
SRN