Una treintena de organizaciones de la sociedad civil y dos de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) exigieron conocer qué se ha hecho para resolver la presunta ilegalidad en el nombramiento de Patricia Talavera, una de las integrantes del CPC.
El CPC es el componente ciudadano del SNA y su presidente encabeza a todo el sistema.
En marzo del año pasado, la Comisión de Selección designó a Patricia Talavera como nueva integrante del CPC, pero eso ocasionó la promoción de juicios de amparo para anular su nombramiento por parte de organizaciones ciudadanas y de sus demás compañeros del CPC por considerar que no cumple los requisitos y que el proceso de su designación fue irregular.
Por ello, a casi un año de los cuestionamientos a esa designación, las organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión de Selección que, en la sesión a celebrarse este miércoles, se informe el estado en el que se encuentran las impugnaciones sobre ese proceso.
Además, que dé cuenta de las acciones que se han realizado al respecto y “las medidas que implementará en el proceso próximo a iniciar para garantizar uno de designación apegado a los altos estándares de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e idoneidad”.
En un comunicado, las decenas de organizaciones especializadas en temas de transparencia y anticorrupción advirtieron que “dados los antecedentes de los ejercicios previos realizados por parte de la Comisión de Selección (donde se interpusieron amparos, se presentó un amicus curiae y hubo pronunciamientos de dos de sus integrantes cuestionando el último proceso) es fundamental, que antes de iniciar un siguiente proceso de designación, se atiendan los puntos anteriormente señalados, con la finalidad de que se construya confianza ciudadana”.
Además, pidieron que se dote de legitimidad al proceso y se brinde certeza jurídica de principio a fin.
“Recordamos que el Comité de Participación Ciudadana es un órgano sumamente relevante para erradicar la corrupción que impera en el país y, por lo tanto, debe integrarse por cinco personas que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción”, destacaron.
Esos principios no se cumplieron en su totalidad en los procesos pasados y no deben repetirse si se busca fortalecer al CPC y al propio SNA, reclamaron.
“Es importante considerar que, a través de la información pública disponible, se puede constatar que la última integrante designada no posee la mayoría de los votos de las y los integrantes de la Comisión de Selección, como lo prevé la Ley General del SNA, además de que no se ha hecho pública una minuta ni un nombramiento firmado donde se avale la emisión de cinco de los ocho posibles votos para la designación del 10 de marzo de 2022”, revelaron.
Las organizaciones exhortaron a la Comisión de Selección “a solucionar, lo antes posible, la situación generada en el proceso pasado y que todos sus integrantes, en su conjunto, se comprometan públicamente a no repetir las malas prácticas ocurridas en ejercicios pasados y a cumplir con su obligación de llevar a cabo procedimientos apegados a los más altos estándares de máxima publicidad, transparencia, participación ciudadana efectiva, decisiones fundadas y motivadas y de designaciones apegadas a los méritos y capacidades”.
El documento lo firmaron Vania Pérez y Magdalena Rodríguez, integrantes del CPC; no así el presidente del mismo, Francisco Raúl Álvarez Córdoba, ni Jorge Alatorre, el otro integrante del CPC.
Por parte de las organizaciones, el texto fue suscrito por colectivos como Perfiles Idóneos Ya, Arriba el norte, abajo la corrupción y Fuerza Ciudadana Anticorrupción, y agrupaciones como Arkemetría Social, Cómo Vamos Colima, Coparmex, Ethos, Iniciativa Sinaloa, Kintiltik, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Tierra Colectiva, entre otros.
EHR