La senadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya, presentó una denuncia formal ante la Secretaría de la Función Pública en contra del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, por violar la Ley de Responsabilidades Administrativas al no desempeñar su cargo con honradez y objetividad y mentir a los legisladores así como poner en libertad a un presunto delincuente aun cuando ya había sido detenido.
El pasado viernes difundió un video a través de Twitter en el que Durazo, bajo protesta de decir verdad, “mintió” durante su comparecencia del 5 de noviembre de 2019 ante el Senado, donde explicó el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
En aquella fecha, Durazo aseguró: "nadie decidió liberar a Ovidio. Nunca contamos con la orden de detención porque en el momento que ésta se plantea a las instancias correspondientes, empieza la movilización criminal en Culiacán y rápidamente aquello se volvió prácticamente inmanejable…Los integrantes del Gabinete de Seguridad -mi Almirante Ojeda, el General Sandoval y un servidor- tomamos la decisión, de común acuerdo, del repliegue de nuestro personal, aún y cuando no fuese posible, en virtud de las circunstancias, de llevar detenido al perseguido”.
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Anaya indicó que las declaraciones de Durazo contradicen lo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia del pasado 19 de junio donde aseguró: “Yo ordené que se detuviera ese operativo y se dejara en libertad a este presunto delincuente”.
Por lo tanto, la senadora aseguró que Durazo violó la Ley General de Responsabilidades Administrativas al no desempeñar su cargo con honradez y objetividad al mentir u omitir información al Senado de la República, causando así un grave perjuicio al servicio público; violó el cuarto párrafo del artículo 16 constitucional al no poner al inculpado (en este caso a Ovidio Guzmán) ante un juez y además, la actuación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, “configura un acto delictivo sancionado entre 6 meses y 9 años de prisión acorde con el Código Penal Federal, al poner en libertad al presunto delincuente aun cuando ya había sido detenido”.
Anaya solicitó a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, realizar las investigaciones correspondientes y sancionar conforme a derecho, los actos y omisiones llevadas a cabo por el funcionario federal y en su caso, ejecutar las sanciones que le correspondan.
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