El padrón de menores en orfandad por feminicidio no debe quedarse en un registro más, sino que debe garantizar atención especializada a las víctimas en materia de salud mental y física, alimentación, educación y prevención de adicciones y violencias futuras, consideró Ana Yeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
En entrevista, consideró que esta medida llega tarde en medio de la violencia feminicida que vive el país, sin embargo, consideró que para que funcione debe notarse el interés del estado por registrar a estos menores e ir a buscarlos a sus casas para saber qué necesitan.
“Son servicios humanitarios que cualquier víctima de una violación de este nivel, de este tipo requiere, o sea, por un tema de humanitario, como es en la atención en salud física y mental, por supuesto, pero también alimentación, digamos ahí como algunas cuestiones muy básicas que tendrían que estar garantizadas”, explicó.
MILENIO dio a conocer que el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna) plantea crear el padrón nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.
El objetivo es dotar de oportunidades para el futuro, protección y acceso a la justicia a este sector de la población.
“Crear el padrón nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio para facilitar su identificación e impulsar medidas para su protección y restitución de derechos”, explica el documento.
En este contexto, la también directora de la asociación Justica Pro Persona comentó que esta medida llega tarde, porque los derechos de las víctimas son una deuda histórica que tiene el estado con ellas.
Sin embargo, reconoció que es un buen paso para empezar a garantizar los derechos de los menores y garantizarles un mejor futuro.
“Es un primer paso, pero es insuficiente para todo lo que requiere la atención integral a la víctima indirecta, siendo niñas, niños y adolescentes bajo este principio del interés superior de la línea donde, o sea, imagínate si como sociedad tenemos una deuda, como Estado mucho más, entonces me parece que, pues el Estado se debe plantear una intervención real”, apuntó.
Para la experta en el tema, el que no se registrara a los menores en orfandad significaba una violación sistemática a sus derechos, al no tener servicios humanitarios después de vivir un hecho tan violento y que los deja marcados de por vida.
“Realmente buscar la mejora, cambiar la vida de esas niñas y de esos niños y cambiar la vida implica, pues, claro, garantizarle muchos derechos, pero también implementar las acciones de una manera más humana que institucional”, concluyó.
LP