La ex consejera Pamela San Martín expuso que el reto para garantizar la equidad en la contienda electoral de 2021, es que el Instituto Nacional Electoral (INE) logre que las concesionarias den voz a todos los contendientes por igual y se regule la propaganda encubierta con que le dan vuelta a la ley.
En la mesa de discusión sobre el Modelo de comunicación que forma parte del 30 aniversario del IFE-INE, la consejera Claudia Zavala expuso que actualmente existe un modelo que permite equidad en la contienda, pues se logró acabar con aquellas prácticas en las que la televisora del monopolio “sólo cubría al candidato del régimen en una franca subordinación al poder”.
O las ocasiones en que se invitaba a los candidatos de oposición “para tenderles una emboscada con la evidente intención de afectarlo”, lo que hoy es regulado por el INE al no existir la posibilidad de que los partidos políticos compren espacios en radio y televisión.
Sin embargo, la ex consejera Pamela San Martín difirió al considerar que esto aún existe y actualmente no se puede garantizar que cada canal emita mensajes diferenciados, pues las concesionarias siempre tienen excusas y se han beneficiado, como hace unos meses, con un decreto presidencial que les devolvió tiempos.
“En la autoridad electoral ha sido muy conscientes de las condiciones que tienen las pobres televisoras, que fue lo mismo del decretazo presidencial que son casi hermanitos de la caridad que tienen unas limitaciones bárbaras y que necesitamos reactivarlas porque no han tenido ingresos, porque solo por eso controlan la radio y la televisión en México.
“Perdón, Clau, ¿en serio tenemos duda de que va a prevalecer el interés privado por el público? ¿con un decretazo en plena pandemia donde lo que más se necesita es información? ¿son tan intocables que no puede haber la mínima exigencia hacia ellos?”.
Además de que es muy común la propaganda encubierta o propaganda integrada que son estrategias defraudadoras que han encontrado los funcionarios y los concesionarios para darle la vuelta a la ley.
Pamela San Martín consideró que la autoridad electoral no debe esperar a descubrir excesos por parte de los y las candidatas solo basados en los informes de fiscalización, sino que debe existir un análisis más amplio aunque se llegue a la delgada línea de las acusaciones de difamación.
“No va a haber ningún contendiente que nos diga ‘yo robo’, más allá del clásico ‘robo poquito’ ¿quién nos va a decir que este compa roba o hizo tal o cual cosa? Pues su contrincante”.
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