El Partido Acción Nacional (PAN) envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, en la que hacen un exhorto para que se resuelvan las controversias constitucionales promovidas sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al acusar discrecionalidad y una inexplicable dilación del tema.
El dirigente del PAN, Marko Cortés; la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados y el Senado, la Coordinación Nacional de Alcaldes y la Coordinación de Diputados Locales panistas en todo el país, respaldaron este exhorto a la SCJN para que “asuman su responsabilidad” y resuelvan este asunto.
En un comunicado, el PAN informó que la carta dirigida al ministro presidente expresa la preocupación del panismo en todos sus niveles, por el inexplicable retraso para resolver las controversias constitucionales presentadas por el Congreso de Tamaulipas en contra del desafuero al gobernador tamaulipeco por parte de la Cámara de Diputados.
En la carta, acusan una “notoria discrecionalidad imperante en la resolución de ciertos casos y la inexplicable dilación en la respuesta que reclama el país de su Tribunal Constitucional”, por lo que, señalan que es incomprensible que se postergue de la lista de asuntos el caso del García Cabeza de Vaca.
“Destaca la discrecionalidad y dilación, dado que el mismo ministro instructor advirtió que la historia y el sentido de la regla aplicable dejaban en claro que: corresponde a los congresos locales determinar, en última y definitiva instancia, si la Federación puede perseguir penalmente a un servidor público local cuya función se encuentra protegida por la Constitución de la República".
“A pesar de la existencia de diversos precedentes razonados y votados por los integrantes de la Primera Sala, y de que ya se han circulado proyectos de resolución, las controversias siguen en espera de fallo”.
También sostienen que es responsabilidad de la SCJN “reparar una flagrante violación a la Constitución” y sobre todo, dejar un precedente sobre lo que consideran, una intromisión a las soberanías estatales.
“No se trata de resolver solo si en el caso concreto fue lícita o no la actuación de la Cámara de Diputados, del ministerio público federal o del juez de control, al desconocer la determinación expresa del Congreso del Estado de no avalar la declaración de procedencia indebidamente iniciada en contra del Gobernador de Tamaulipas”.
En la carta, también agregan una defensa al gobernador de Tamaulipas al insistir en que las denuncias en su contra son “falaces y una instrucción política”, como parte de la persecución política que se vive desde la federación en contra de la oposición.
Y concluyen “Respetuosamente subrayamos: no es admisible manosear los tiempos procesales para que los casos constitucionales queden formalmente sin materia. El curso del tiempo no es decisión, sino claudicación”.
LG