El diputado del PAN en Nuevo León, Luis Susarrey, propuso este jueves que se garantice la accesibilidad universal para personas con discapacidad en todas las estaciones de Metrorrey, y que la omisión en el cumplimiento de las obligaciones establecidas que cause afectaciones a los particulares pueda ser reclamadas con demandas.
- Te recomendamos Reportan largas filas tras falla en Línea 1 del Metro de Monterrey Comunidad
El panista dijo que la reclamación se haría conforme a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales a la autoridad que se deriven de la omisión.
La reforma, expuso, es a la fracción VII y la adición de la fracción VIII y un párrafo segundo al artículo 3o de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.
Esto fue por los hechos ocurridos en la estación San Bernabé, donde una persona con discapacidad visual perdió la vida, derivado de la falta de la infraestructura que atienda los principios de accesibilidad universal.
“¿Por qué esperar a que alguien pierda la vida para que el gobierno tome consciencia de un tema que es un derecho humano, un derecho universal? No sólo la movilidad, sino la accesibilidad” mencionó Susarrey.
Con esta iniciativa se busca dar mayor certeza jurídica a los ciudadanos, ya que se plantea que la autoridad responsable tenga 5 días hábiles como límite para indemnizar a la persona afectada por dicha falta u omisión, y que, en caso de negarla, se considere como responsabilidad del servidor público y se sancionará conforme a lo establecido en la legislación correspondiente.
Proponen licencia especial por muerte gestacional
La diputada local del PRI, Ana González González, presentó este jueves un paquete de iniciativas que reforman Ley Estatal de Salud, la Ley del Servicio Civil, la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que se establezca otorgar una licencia especial por muerte gestacional, perinatal y neonatal, de por lo menos seis semanas, a madres y padres que estén atravesando este tipo de pérdidas.
Planteó que existan protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres en los casos de muerte perinatal o neonatal, ya que en Nuevo León se registraron alrededor de mil 238 defunciones fetales durante 2022.
“Con esta propuesta queremos garantizar que se les haga efectiva una licencia especial por pérdida gestacional, perinatal y neonatal de 6 semanas, con su debido pago tanto a madres y padres de familia que atraviesa por esta penosa situación.
“Asimismo, buscamos que las instituciones de salud cuenten con protocolo específicos de atención integral a la salud física y psicológica de las mujeres que atraviesan por la pérdida de sus bebés, así como que dentro del sector hospitalario crear áreas especiales en donde se le permita a la madre despedirse y vivir su duelo con tolerancia y trato digno”, refirió.
Piden aumentar sanción penal contra falsificación de documentos oficiales
Daniela Puente, diputada local de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal local, a fin de combatir el “coyotaje” para la falsificación de documentos oficiales en el estado.
Dijo que actualmente este delito se sanciona con una pena de dos a cinco años de prisión, y con la iniciativa se promueve que el castigo sea de cuatro a ocho años.
Puente expuso que es común el uso de “intermediarios” por parte de quienes buscan adquirir documentos oficiales, como la licencia de conducir; sin embargo, existe una alta posibilidad de que al momento de la entrega se trate de un documento apócrifo.
Tan solo durante el año 2022, indicó la emecista, se registró la detención de 200 personas por portar una licencia de conducir falsa.
Y en ese sentido se busca aumentar la pena en contra de los que promuevan este tipo de prácticas.
Cabe destacar que el “coyotaje” también se pone en práctica a través de las redes sociales, ya que los “intermediarios” habilitan un perfil falso a fin de difundir sus servicios, ya que no existe una normativa para este tipo de casos.