Saturación, profanación de tumbas, venta irregular de sepulcros y tráfico de tejido y restos humanos son algunos de los problemas que genera una legislación en cementerios con 37 años de antigüedad.
El Reglamento de Cementerios del Distrito Federal, vigente desde 1984, ha tenido diversas adiciones y modificaciones, pero carece de modernización y digitalización en sus procesos.
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Actualmente se desconoce cuántas tumbas en Ciudad de México no cuentan con atención de familiares, ni cuántas fosas tienen algún conflicto legal.
Peor aún, no existe información actualizada sobre las inhumaciones que se hacen a diario en Ciudad de México, debido a que los procesos ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales siguen siendo burocráticos y sin digitalizar.
“Hay comunidades que manejan sus panteones y no dejan enterrar gente ajena a estos grupos sociales, y de pronto solicitan recursos económicos para inhumar un cuerpo, pero los informes no están centralizados ni digitalizados, por lo tanto no se tiene la información para administrar un cementerio”, señaló el diputado perredista Jorge Gaviño.
Estas deficiencias dieron paso al caso del bebé exhumado del panteón San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, y hallado el pasado 10 de enero en el basurero de un penal en Puebla.
En la capital existen 118 panteones, 14 concesionados y 104 públicos. De estos últimos, 83 son vecinales o comunitarios, cinco civiles generales, 14 civiles delegacionales o directamente administrados por las alcaldías y dos de carácter histórico: el de San Fernando y el Recinto del Cerro del Tepeyac, ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, respectivamente.
Esta diversidad provoca vacíos legales en cuanto su administración y ordenamiento, por lo que urgen reformas legales que permitan modernizar los panteones.
“¿Qué tenemos que hacer? Reformar las leyes que centralicen en Ciudad de México ciertas normas que permitan tener información y, sobretodo, el derecho de los deudos, de los familiares a tener localizados los cuerpos de sus parientes en cualquier momento”, añadió Gaviño.
La falta de legislación abona a que negocios funerarios operen en condiciones irregulares, incluso en la clandestinidad, advirtió el diputado morenista Octavio Rivero.
Se calcula, añadió, que en la Ciudad de México hay 3 mil 500 empresas de servicios funerarios y 60 por ciento no está registrado ante la autoridad competente; pese a ello, ofrecen sus servicios sin los requisitos mínimos que establece la normatividad.
Ante el descontrol en los servicios de cementerios, dijo, se calcula que la saturación de éstos ocurrirá en menos de 10 años. Sobretodo porque, según datos del Inegi, el número de defunciones generales crece 10 por ciento en la capital cada lustro.
El promedio de muertes en la capital en los últimos cinco años es de 72 mil al año; de acuerdo con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, entre enero y septiembre de 2020 prestaron 16 mil 372 servicios de inhumación y 25 mil 285 de cremación.
“La Consejería Jurídica nos dice que hasta el día de hoy hay una disponibilidad de aproximadamente 55 mil fosas y, según el Inegi, en Ciudad de México hay una tasa de defunciones de un total de 60 mil personas, no todas se sepultan, muchas son cremadas”, señaló Rivero.
En 2020 la capital reportó un total de un millón 400 mil 878 fosas en sus panteones públicos, de las cuales sólo estaban desocupadas 397 mil 250; según datos de los Cementerios Públicos en las Zonas Metropolitanas del país, tres recintos están a 100 por ciento de su capacidad, ubicados en Iztacalco, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo.
En noviembre de 2021 el legislador Rivero presentó la iniciativa para expedir la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, que hasta ahora se encuentra pendiente de discusión.
La propuesta busca dar certeza jurídica sobre la administración de estos espacios y relativo al tratamiento de cadáveres.
En tanto, el legislador panista Federico Döring reiteró la importancia de que en la segunda legislatura del Congreso capitalino se regularicen los panteones civiles a cargo del gobierno de Ciudad de México.
“El problema es que hoy el alcalde puede nombrar a un compadre que no tiene el conocimiento de los panteones (...) por eso el gobierno tiene que reglamentarlo para elegir un perfil de los encargados de los panteones civiles”, afirmó.
FS