Al no contar con un solo peso adicional para la realización de la consulta popular del próximo 1 de agosto no se implementarán conteos preliminares la noche de la votación, sino que el Instituto Nacional Electoral prevé una prórroga máxima de cinco días para informar el resultado.
El Consejo General del INE votará un proyecto de consulta popular en el que tres consejeras pedirán urnas electrónicas para que esto reduzca costos de impresión de papeletas y agilice tanto la votación como el conteo, pues de acuerdo al proyecto, se prevé que los resultados finales se declaren cinco días después de la jornada.
MILENIO tiene una copia del proyecto que podría someterse a votación este mismo miércoles, en el que se establece que se invitará a los mismos funcionarios de casilla del 6 de junio a que participen en la recepción de esta votación y las Juntas Distritales Ejecutivas del INE serán las encargadas de realizar el cómputo de las actas, a partir de la llegada del primer paquete y concluirán hasta que se reciba y contabilice el último.
“En consecuencia, no se implementarán mecanismos de resultados preliminares”, indica el proyecto.
El próximo 1 de agosto, se llevará a cabo la consulta popular que de manera inicial, a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador promovió para que la ciudadanía decidiera si se investigaba por presuntos actos de corrupción y hechos de violencia a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.
Finalmente la Suprema Corte ajustó la pregunta en la que los ciudadanos responderán con un “sí” o un “no” si están de acuerdo o no “en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actos políticos, encaminando a garantiza la justicia y los derechos de las posibles víctimas.
Después de que hace una semana el INE avaló las papeletas con que se votará, ahora se aprobará el proceso de votación y conteo de votos.
El proyecto explica que “Las Juntas Distritales Ejecutivas harán las sumas de los resultados consignados en las actas de la Jornada de la Consulta Popular y de Escrutinio y Cómputo de la Mesa Receptora instaladas en su ámbito territorial. La vocalía Ejecutiva integrará el expediente del cómputo distrital y remitirán por medios electrónicos y de manera inmediata los resultados al Secretario Ejecutivo del INE.
“El Secretario Ejecutivo dentro de las 48 horas siguientes procederá a informar al Consejo General en sesión pública y el Consejo General realizará el cómputo total y la declaratoria de resultados dentro de las 72 horas después”.
Se realizarán las impugnaciones correspondientes y será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que emita la resolución final.
“Cuando el informe del INE indique que la participación total en la consulta popular corresponde al menos al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y lo hará del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
El proyecto contempla que serán juntas distritales del INE las que determinarán cuántas y en qué puntos se instalarán las mesas receptoras de votos que recibirán entre mil 500 y dos mil 500 personas.
Las mismas personas que participaron este 6 de junio como funcionarias de casilla serán invitadas a contar ahora los votos de la consulta popular para ahorrar en capacitación, propuesta que fue planteada por el INE luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que no destinaría ni un solo peso para este ejercicio democrático.
La consulta contará con observadores que también serán los mismos que participaron en la elección del pasado domingo para evitar que se repita el proceso de registro.
La consejera Carla Humphrey se manifestó en contra de que el proyecto no contemple la utilización de urnas electrónicas, por lo que adelantó que en sesión del Consejo General planteará la necesidad de considerar este método como el más viable para ahorrar costos y agilizar los resultados. Propuesta a la que se sumaron las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela.