El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobó por unanimidad la Política Nacional Anticorrupción, en que establece lineamientos generales para combatir a nivel nacional la corrupción y definir objetivos de corto, mediano y largo plazo.
En sesión pública del comité, la primera del 2020, se presentó el documento siendo resultado de diversas mesas de trabajo y foros con especialistas y sociedad civil. Aunque el SNA arrancó en 2017, hasta ahora se logró concretar una política y los lineamientos en la materia.
El documento se divide en cuatro ejes estratégicos, con 10 objetivos específicos y 40 prioridades “que definen el rumbo estratégico de atención del problema de la corrupción”.
Con base estas prioridades, la política se define en "una estrategia amplia de acción estatal que no es limitativa de otras potenciales acciones que puedan desarrollar los entes públicos para el control de la corrupción”.
Una de las líneas coincidentes en la mayoría de los objetivos es la homologación de diferentes procesos y la coordinación efectiva entre instituciones.El SNA lo conforman siete instituciones públicas que deben coordinarse.
- Auditoría Superior de la Federación (ASF)
- Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)
- Fiscalía Anticorrupción
- Secretaría de la Función Pública (SFP)
- Tribunal Federal de Justicia Administrativa
- Comité de Participación Ciudadana.
“En este entendido, y derivado de la definición de instituciones líderes para el proceso de implementación, se identificaron vínculos concretos de coordinación entre los integrantes del Comité Coordinador del SNA para cada una de las prioridades de política pública, esto con el objetivo de que entre ellas articulen mesas técnicas de implementación que propicien, por una parte, la definición de acciones y proyectos asociados con cada una de las prioridades y, por otra, se propongan pautas para la definición de compromisos, metas e indicadores”, dice el documento.
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El texto aclara que “las prioridades aquí propuestas no hacen referencia a proyectos específicos, es decir, no se deben confundir con acciones programáticas o estrategias que contienen elementos concretos delimitados”, sino que “establece avenidas amplias para que, a través de un proceso de implementación progresivo liderado por los integrantes del Comité Coordinador, se aterricen acciones, proyectos, compromisos y metas específicas que atiendan la realidad nacional, federal, regional y local”.
Cuatro ejes en el SNA
Los cuatro ejes comprenden combatir la corrupción y la impunidad, combatir la arbitrariedad y el abuso de poder, promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad e involucrar a la sociedad y el sector privado.
De las prioridades surgidas a partir de cada uno de los cuatro ejes, 16 están pensadas a corto plazo, para las que se estiman tres años de implementación; 15 a mediano plazo, para las que se estiman seis años de implementación y nueve a largo plazo, para las que se estiman más de seis años de implementación.
¿Cuáles son los objetivos anticorrupción del SNA?
Entre los 10 objetivos principales se encuentran:
- Promover los mecanismos de coordinación de las autoridades competentes para la mejora de los procesos de prevención.
- La denuncia, detección investigación, substanciación y sanción de faltas administrativa y hechos de corrupción.
- Fortalecer las capacidades institucionales para el desahogo de carpetas de investigación y causas penales en materia de delitos de hechos de corrupción.
- Fomentar el desarrollo y aplicación de procesos estandarizados de planeación, presupuestación y ejercicio el gasto con un enfoque de máxima publicidad y participación de la sociedad en la gestión de riesgos y el fomento de la integridad empresarial.
- Fortalecer los mecanismos de homologación de sistemas, principios, prácticas y capacidades de auditoría, fiscalización, control interno y rendición de cuentas a escala nacional.
- Promover la implementación de esquemas que erradiquen áreas de riesgo que propician la corrupción en las interacciones que establecen ciudadanos y empresas con el gobierno al realizar trámites, y acceder a programas y servicios públicos.
- Impulsar la adopción y homologación de reglas en materia de contrataciones públicas, asociaciones público-privadas y cabildeo, que garanticen interacciones íntegras e imparciales entre gobierno y sector privado.
- Asimismo, impulsar el desarrollo de mecanismos efectivos de participación que favorezcan el involucramiento social en el control de la corrupción, así como en la vigilancia y rendición de cuentas de las decisiones de gobierno, entre otros.
dmr