Familias de víctimas de Pasta de Conchos llaman al gobierno a iniciar solución amistosa

Las familias destacaron que, hasta el momento, el gobierno federal no ha asumido los acuerdos con los peticionarios.

Viudas de los mineros muestran imágenes de las irregularidades que había dentro de la mina. (Cuartoscuro)
Sandra Rojas
Coahuila /

Las familias de las víctimas del accidente en la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, pidieron al Estado mexicano garantizar las condiciones que permitan el reconocimiento de todos los peticionarios del litigio, así como su participación en el seguimiento de los acuerdos asumidos por el propio titular del Ejecutivo federal para iniciar el proceso de solución amistosa.

En este sentido, las familias destacaron que, hasta el momento, el gobierno federal no ha asumido los acuerdos con los peticionarios, sobre todo las medidas urgentes de no repetición, situación que, de acuerdo con los peticionario, derivó en la inundación de la mina en Múzquiz, Coahuila, en donde fallecieron siete personas.

“Reiteramos la necesidad de que los acuerdos asumidos por el Ejecutivo incorporen medidas de no repetición para garantizar la seguridad de los mineros en la región, sobre todo debido a que a la fecha, se continúan haciendo nuevas cuevas para surtir carbón derivado del contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Además, pese a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social restringió el acceso a las minas, los trabajadores continúan denunciando que las mismas siguen en operación”, detallaron los familiares.

Por ello, los peticionarios solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una reunión de trabajo, con el fin de dialogar entre las partes sobre las condiciones y el seguimiento de los acuerdos asumidos por las autoridades. Lo anterior, luego de que el 26 de julio el organismo internacional les informara a las familias que trasladó las comunicaciones al Estado mexicano, en respuesta al ofrecimiento de solución amistosa al litigio interamericano.

De esta manera, las comunicaciones trasladas por la CIDH al Estado deberán responderse en un mes, para que las autoridades atiendan y aseguren que la voluntad y los compromisos adquiridos por el gobierno se lleven a cabo bajo esquemas de participación adecuados y atendiendo a la integralidad de las medidas, incluyendo la no repetición, así como el rescate.

​LP

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