Padres de las víctimas de la Guardería ABC consideraron como una recompensa no ética la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para nombrar a Claudia Pavlovich Arellano, ex gobernadora de Sonora, como cónsul de México en Barcelona, por ello, exhortaron respetuosamente a las distintas bancadas del Senado a que depongan sus diferencias y rechacen tajantemente la proposición.
Mediante un comunicado, uno de los colectivos integrados por familiares de víctimas directas de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, manifestó que “el servicio exterior debe dejar de ser un exilio dorado para funcionarios desacreditados y/o cómplices”, señalando a la sonorense por agravios que, afirman, ha cometido para frenar su lucha por la justicia y obtener beneficios políticos.
“El incendio evitable de la Guardería ABC fue el atropello más grande en contra de la niñez de la que se tiene noticia en la historia moderna de nuestro país. El triste papel que jugó la ex gobernadora sonorense (que dicho sea de paso, jamás ha expresado remordimiento alguno por la muerte de esas niñas y niños, o las lesiones de por vida de los sobrevivientes) la descalifica en automático”, asientan en el documento dirigido a senadoras y senadores.
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Detallaron que nueve semanas después del incendio, en el que murieron 49 niñas y niños y otros 100 resultaron lesionados, Pavlovich Arellano redactó cartas al juez de la causa, siendo diputada local en funciones, recomendando "ampliamente" a dos de los copropietarios de la estancia infantil, Sandra Téllez Nieves y Gildardo Urquides Serrano, lo que consideraron una tentativa por influir en el proceso.
“Sostenemos que este burdo intercambio de favores significó un definitivo ‘despegue’ profesional que eventualmente le redituó en 2012 la senaduría por Sonora, y tres años más tarde la gubernatura de ese mismo estado hasta septiembre de 2021”, afirmaron.
Los padres de las víctimas recordaron que siendo gobernadora de Sonora, en 2016, Claudia Pavlovich reservó hasta 2026 información esencial relacionada con el incendio, misma que debió de ser pública. Asimismo, agregaron que en el estado existen graves señalamientos públicos y documentados de su administración que ameritan una investigación exhaustiva e imparcial.
“Queda en manos de las fracciones legislativas para que, en uso de sus atribuciones, se le niegue esta distinción inmerecida. Existen cuando menos 49 motivos para cerrarle el paso a la impunidad”, puntualizaron.
ROA