En el marco del primer cierre de plazo para que las empresas declaren respecto al impuesto verde en Nuevo León, las firmas afiliadas a la Asociación de Extractoras de Caliza (Asec) señalaron que cumplirán con el pago de gravamen, pero también dieron a conocer que esto se resentirá en el costo final de las viviendas, el cual subirá entre 25 y 30 por ciento.
Hugo García Villarreal, presidente de la Asec, dijo que se pagará el impuesto verde que implementó el estado el mes pasado, y aseguró que como industrias son las que menos contaminan el ambiente del área metropolitana de Monterrey.
“Nosotros como empresas de agregados pensamos cumplir con la ley que obliga a pagar un impuesto por contaminar, lo haremos en todo lo que podamos”, señaló García Villarreal.
El representante reiteró que el impacto de dicho gravamen se resentirá en el valor de la vivienda, por ejemplo, el precio del agregado (cascajo, arena, grava, cemento, concreto, entre otros) antes del impuesto verde era de entre 100 y 120 pesos la tonelada, ahora con el gravamen estatal el precio es de 220 pesos por tonelada (precio de planta).
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El empresario detalló que el impacto que tendrá en el costo de la vivienda será entre 25 y 30 por ciento para una casa de interés social del Infonavit, mientras que el costo para una residencia en San Pedro apenas llegará a 1.0 por ciento.
García Villarreal también comentó que con el costo de los agregados se eleva mucho el precio por el flete. Para que cualquiera de estos productos llegue al consumidor final el costo de la transportación es alto.
Dijo que en años anteriores se ha invertido mucho en mecanismos de control de emisiones, al grado que todas las plantas están tapadas, por lo que aseguró que con aire no se levanta ni polvo.
Asec está integrada por 30 empresas del sector (productores de agregados) y cada una decidirá sí se ampara o no.
“Van a ser decisiones individuales, cada empresa optará o no por ampararse”, refirió.
El impuesto por contaminación en la extracción de materiales pétreos fue anunciado por el gobernador a finales del año pasado, pero el 4 y el 19 de enero de 2022 publicó en el Periódico Oficial del Estado medidas para "ablandar" el cobro.