Petróleos Mexicanos (Pemex) y las autoridades locales de Villahermosa, Tabasco, están obligados a rendir cuentas por el préstamo de recursos federales para la construcción de viviendas de trabajadores petroleros y por las autorizaciones que se dieron para la edificación de éstas en zona de manglares, consideró Rosa María Cruz Lesbros, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Este miércoles, MILENIO dio a conocer que las viviendas que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) supuestamente construiría, con un préstamo de 500 millones de pesos que le hizo Pemex, presentan irregularidades: las de Valle del Jaguar, en Tabasco, están asentadas en zona de humedales y presentan grietas y filtraciones, y las de Atitalaquia, en Hidalgo, no existen.
Al respecto, Cruz Lesbros explicó que los préstamos de instituciones de gobierno a grandes sindicatos, disfrazados de convenios para construcción de viviendas o deportivos o centros culturales, es un modus operandi frecuente para ocultar el desvío de recursos públicos.
“Es algo recurrente de cómo se usa el sindicato, no nada más con préstamos para vivienda, sino para cualquier proyecto, como un complejo educativo y deportivo, para simular el desvío de los recursos públicos”, dijo en entrevista con MILENIO.
“Usaban tanto a fideicomisos como sindicatos para, de esta manera, quitarlos del campo de auditoría porque ya salieron a otro espacio, no auditable, y con eso hacían lo que querían, no ajustándose a ninguna norma gubernamental y el paraguas que usaban para esto es que eran ‘servicios a los trabajadores’”, explicó a MILENIO.
Sin embargo, la especialista en Auditoría, aseguró que “lo que sí es auditable son los recursos de Pemex y estas salidas de dinero en formas de préstamo”.
Dijo que “a Pemex se le puede pedir que dé cuentas sobre los préstamos otorgados al sindicato y Pemex tiene la facilidad o la competencia para exigir cuentas sobre el uso de los préstamos”.
Además, aseguró que las autoridades locales del municipio de Villahermosa y el gobierno del estado de Tabasco también tienen responsabilidad en el caso de las viviendas entregadas en mal estado y construidas sobre una zona natural de riesgo.
“O las que los dieron (los permisos) o las que no los dieron, porque la omisión es también una falta, es también corrupción, porque dígame que no se da uno cuenta que no están haciendo un desarrollo. Si cualquier hijo de vecino pasa y ve el desarrollo, por supuesto que la autoridad lo ve también y si lo ve por qué no llega a hacer una inspección y a cancelar la obra y los permisos. ¿Por qué deja que los desarrollos avancen en esa forma y por qué cuando ya están repartidas las casas digan ‘ay, no podían construir ahí porque es zona de humedales’? Eso es un absurdo. Entonces, o por acción o por omisión”, opinó.
El préstamo de 500 millones de pesos que Pemex hizo en 2012 al STPRM, encabezado por Carlos Romero Deschamps, actualmente investigado por enriquecimiento ilícito, se suma a uno por 800 millones de pesos otorgado en 2005, como parte de una estrategia de vivienda del sindicato para construir unidades habitacionales a los petroleros sindicalizados.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditó el préstamo de 500 millones de pesos y emitió ocho recomendaciones para que Pemex suspenda préstamos de ese tipo, implemente mecanismos de control sobre los que ha otorgado, se acoten las facultades del Director General para autorizar estos préstamos y aclare las condiciones en las que se hizo el mismo.
Sin embargo, la ASF no presentó ninguna denuncia derivado de la auditoría realizada a Pemex en 2013, como parte de la revisión a la Cuenta Pública 2012.
nerc