Aunque Hidalgo no cuenta con un Centro de Reinserción Social federal, los penales del estado albergan 459 internos por delitos del fuero federal, de los cuales 187 están procesados y 272 sentenciados, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional al corte de diciembre de 2025.
Los internos por delitos federales se encuentran en 11 de los 12 Centros de Reinserción Social (Ceresos) del estado, el penal de Pachuca registra el mayor número, seguido de los centros penitenciarios de Tula y Tulancingo.
De las 5 mil 807 personas privadas de su libertad en Hidalgo, 459 se encuentran recluidas en 11 penales por delitos federales, de las cuales 150 hombres y 37 mujeres están procesadas, los cuales suman 187, mientras que 255 hombres y 17 mujeres se encuentran sentenciados.
En el penal de Pachuca hay 104 hombres y 18 mujeres procesados y 196 hombres y 15 mujeres sentenciados por delitos federales; en Tula se encuentran 23 hombres y 7 mujeres procesados y 20 hombres sentenciados.
El Cereso de Tulancingo alberga 11 hombres y siete mujeres procesados y 23 hombres y dos mujeres sentenciados por delitos del fuero federal; en la Huasteca solo solo hay un procesado.
En Tenango de Doria se tiene un hombre procesado; en Molango hay un hombre procesado y dos sentenciados; en Ixmiquilpan hay un hombre y una mujer procesados y cinco hombres sentenciados; el penal de Apan registra cuatro hombres procesados y tres hombres más sentenciados por delitos del fuero federal.
El Centro de Reinserción Social de Actopan tiene a cuatro hombres y tres mujeres procesados y a cinco hombres sentenciados; el Cereso de Mixquiahuala hay un hombre sentenciado. Solo el Cereso de Jacala no alberga internos por delitos federales.
Privación de la libertad
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, los delitos federales por los que las personas están privadas de su libertad bajo proceso y sentenciadas son: sustracción de hidrocarburos, portación ilegal de armas de fuego, ataque a las vías de comunicación y narcomenudeo, delincuencia organizada, homicidio y secuestro.
Al respecto, la Ley de Ejecución Penal establece que las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los centros penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Así, las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio.