La diputada local Areli Rubí Miranda Ayala presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Registro Público de la Propiedad del estado de Hidalgo en la que se especifique el estatus de deuda alimentaria que tenga una persona.
Indicó que esto implica que el patrimonio familiar, el núcleo familiar y los bienes generados dentro del mismo estén protegidos contra cualquier incumplimiento en materia de alimentos.
“El Registro Público de la Propiedad del estado es la autoridad donde se inscriben las compraventas, sesiones, donaciones y demás actos que transmiten derechos reales de propiedad y es en esta materia registral donde se puede dejar especificado claramente una anotación señalando la condición de deudor alimentario moroso y con ello alertar al Juez de lo Familiar y a los posibles adquirientes de que existe una anotación preventiva que pudiese afectar la adquisición del bien”, explicó desde el Pleno.
Agregó que para efectos del juzgador familiar podrá determinar si la trasmisión de la propiedad podría traer consecuencias económicas para los acreedores alimentarios.
Mencionó que el aviso preventivo será una herramienta que en conjunto con otras acciones emprendidas buscará que al deudor alimentario le sea más difícil evadir su responsabilidad, “es por tal motivo que incorporar a la Ley del Registro Público de la Propiedad del estado de Hidalgo la procedencia de la anotación de un deudor alimentario moroso se vuelve de especial importancia”.
Miranda Ayala consideró que es pertinente incorporar un texto normativo en materia de deudores alimentarios a la ley, el cual dotará de más herramienta a la autoridad judicial para poder proteger los derechos alimentarios y así poder detectar las posibles acciones evasivas de los sujetos morosos de sus obligaciones alimentarias.
Subrayó que a través de la iniciativa de reforma se establece una obligación para el Registro Público de la Propiedad del estado de Hidalgo a fin de que este avise a la Juez Familiar cuando un deudor alimentario registrado pretendiera transmitir su propiedad, se dé conocimiento a dicho Juez y este pueda determinar la procedencia o condiciones para esa transmisión.
“El Registro verificará el Registro de Deudores Alimentarios Morosos para el caso de que el deudor alimentario pretenda adquirir, transmitir, modificar, limitar, extinguir la propiedad o posesión de bienes y raíces o cualquier otro derecho real. De estar en este supuesto informará al Juez Familiar competente para que este resuelva lo que a derecho corresponda y no podrá realizarse la inscripción pretendida”, precisó.
La legisladora local mencionó que en Hidalgo no hay cifras publicadas respecto de este incumplimiento en materia familiar, sin embargo apuntó que de acuerdo con la incidencia delictiva del fuero común en materia de alimentos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que de enero 2015 a julio de 2020 en el estado de Hidalgo se ha registrado un total de 28 mil 355 delitos contra la familia, de las cuales cuatro mil 356 casos pertenecen a incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.