Al menos 70 de jubilados de la Cooperativa La Cruz Azul están sufriendo represalias de parte de uno de los grupos que ostentan el control de la empresa, por no apoyarlos o simplemente por tener familiares trabajando en la planta de Tula, Hidalgo, que se mantiene en manos de los socios activos desde que inició el proceso judicial contra la anterior administración encabezada por Guillermo Billy Álvarez.
La disputa por el control de la Cooperativa ha impactado así a los más vulnerables, quienes ya denunciaron la extorsión de la que están siendo víctimas. Sus pensiones fueron retenidas desde el mes de diciembre, les han cancelando prestaciones y les han negado servicios médicos.
Los afectados han llamado a las oficinas centrales de la Cooperativa en la Ciudad de México, donde les han dicho que la retención se debe a que están en una lista de jubilados que tienen familiares en activo que no apoyan a la nueva dirección. Así se evidencia en un audio obtenido por MILENIO.
¿Es jubilado o activo?, preguntó quien respondió la llamada de uno de los socios jubilados.
-Jubilado, señorita. Solo (llamo) para preguntarle el motivo por el cual no nos han depositado nuestro pago, ni nuestra devolución de seguridad social, explicó el afectado.
Si quiere información puede hablar a los consejos. Ellos nos pasaron una relación de todo el personal jubilado que se les iba a retener sus pagos, entonces lo que estoy viendo es que usted está en esa relación, le dijo la operadora.
Para restituir sus pagos les solicitan que persuadan a sus familiares que trabajan en la planta tomada, para que públicamente y por escrito apoyen las tareas de la gestión administrativa y de vigilancia que encabezan Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, los cuales, a decir de los jubilados, tienen la clara intención de mantenerse o perpetuarse ilegalmente en sus cargos.
Los afectados, adultos mayores que adquirieron derechos por sus más de 30 años de trabajo dentro de la Cooperativa, emprendieron una batalla legal con el apoyo de abogados para presentar una denuncia colectiva por extorsión contra Velázquez Rangel y Marín Gutiérrez.
En entrevista para MILENIO, algunos de los socios jubilados contaron que desde el 23 de diciembre les suspendieron los pagos, por lo que se están acabando sus ahorros y ya no les queda dinero.
"Nos hicieron pasar una bonita Navidad", dijo Enrique Hernández.
"No es justo que nos quiten nuestro dinero que ya está ganado. Es algo muy triste que nosotros sintiéndonos seguros de una jubilación y sentirnos seguros de tener un patrimonio se nos vea cortado cuando más necesitamos", detalló Arturo Miguel Ángel Godoy.
"Yo tengo cáncer. Tengo cáncer en un pulmón y yo ya no tengo dinero yo no tengo dinero para hacer gastos de esos", contó Jorge Vázquez.
"Necesitamos dinero para seguir subsistiendo estamos muy afectados por lo que nos está sucediendo", dijo Reynaldo López.
En 2020 se ordenó la aprehensión de Guillermo "Billy" Álvarez y ocho personas más, acusados de administración fraudulenta por crear un fideicomiso sin autorización de la asamblea de socios, mediante el cual presuntamente desviaron millones de pesos. Existe una orden de búsqueda y captura internacional solicitada en su contra por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En agosto de ese año, Billy Álvarez renunció a la dirección general de la Cooperativa, en su lugar se constituyó una nueva dirigencia encabezada por Federico Sarabia, como presidente del Consejo y Alberto López, presidente del Consejo de Vigilancia.
Sin embargo, las oficinas centrales, otros inmuebles y el control financiero de la Cooperativa lo retienen José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, quienes se ostentan como presidentes de los consejos de Administración y de Vigilancia, respectivamente. Los trabajadores de la planta de Hidalgo mantienen el control de las instalaciones y se han negado a apoyar a Marín y Velázquez.
En diciembre de 2021, en un operativo encabezado por 400 policías estatales y 150 miembros de la policía bancaria, se dio posesión legal de la planta a los Consejos de Administración y Vigilancia, pero los trabajadores y sus familiares no permitieron que se las quitaran.
Desde entonces, los jubilados en Hidalgo están siendo víctimas de represalias por tener familiares ahí.
"Ellos se molestaron porque nosotros estamos pidiendo lo que nos corresponde. Si estás con ellos estás bien y si no, no", explicó Erasmo Olvera.
La retención de las pensiones también afecta a las familias de los jubilados, como a sus hijos y viudas.
"Recibía una pensión de mi difunto marido, que dejó por derecho, y estos desgraciados nos lo quitaron", contó Columba Gómez, quien al escuchar otros testimonios reclamó que "no es justo que les hagan esto, que les quitan el hospital, eso es lo primordial. ¡Eso es no tener madre!".
"Acaba de morir mi esposo, nos negaron sanatorio, no nos dieron nada de dinero para el entierro", dijo María del Carmen Montoya, en medio de lágrimas.
Además de la denuncia por extorsión, contra quienes ahora tienen el control de las finanzas de la Cooperativa pesan más denuncias, ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude.
ledz