El 93 por ciento de las agresiones contra mujeres se dan en el ámbito familiar sin importar el nivel de escolaridad; no obstante, aumenta de manera significativa cuando pertenecen a alguna comunidad indígena, informó la Secretaría de Gobernación, que también delineó el perfil de los atacantes.
La dependencia que encabeza Olga Sánchez Cordero indicó que tal escrutinio se recabó a través del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), herramienta que permite al gobierno de México conocer el perfil de las mujeres víctimas de violencia, así como de los agresores, para establecer políticas públicas a escala federal, estatal y municipal.
Los datos del Banavim, dependiente de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, refieren que la edad promedio de las mujeres víctimas de violencia es de 33 años.
En un comunicado, se detalló que con la información recabada se sabe que la edad promedio de los agresores es de 36 años y su escolaridad de secundaria.
Los principales tipos de violencia contra las mujeres son psicológicos, con 44 por ciento de los casos; le sigue la física, con 26 por ciento y la económica, 16%.
“Por ello, el involucramiento de fiscalías y jueces en el registro de las casi 50 mil órdenes de protección emitidas para las mujeres víctimas de violencia, es fundamental para garantizar la integridad de ellas y sus familias”, destacó la Segob.
Indicó que el desafío que enfrenta el país para erradicar el problema exige la participación activa y permanente de todas las autoridades responsables de garantizar que las mujeres accedan a una vida libre de violencia, así como el fortalecimiento del Banavim, fundamental para la aplicación de estrategias.
“Para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es una prioridad contar con información sobre casos de violencia contra las mujeres para diseñar políticas públicas necesarias, a fin de erradicar el problema”, se explicó
Por otra parte, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con lo cual se busca combatir el problema en centros de trabajo.
La senadora Nancy de la Sierra explicó que se busca establecer la obligación en centros laborales de contar con protocolos y mecanismos de prevención, los cuales deberán ser registrados ante la Secretaría del Trabajo y avalados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Planteó, además, que el Inmujeres emita lineamientos y criterios mínimos para la erradicación del acoso y hostigamiento sexual, con base en estándares y prácticas internacionales.
“Los protocolos de actuación son necesarios para establecer instrumentos de prevención del acoso sexual”, dijo la legisladora.
Relató que el acoso en centros laborales es una modalidad de violencia y de discriminación contra las mujeres, que vulnera su derecho al trabajo, a la no discriminación, a una vida libre de violencia y al libre desarrollo personal.
Avance en materia de delitos sexuales
• Durante el presente año la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Ciudad de México ha logrado integrar 636 expedientes consignados ante el Poder Judicial que dieron como resultado la vinculación a proceso de los posibles responsables y en ese mismo lapso hubo 180 sentencias condenatorias. Al hacer un balance de acciones en materia de atención a delitos sexuales, la PGJ reveló que los resultados de este año lograron un avance de 75% con relación al año previo, periodo en el cual se concretaron 363 vinculaciones a proceso y 65 con prisión preventiva oficiosa y 16 justificada. Los presuntos delincuentes han sido acusados de delitos como violación, abuso y acoso.