Tras considerar que la Suprema Corte les permite avanzar, la Comisión Anticorrupción informó que podría votar el juicio político contra el gobernador Samuel García en el mes de agosto en un periodo extraordinario, y remitirlo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que también avance.
Armida Serrato, presidenta de la Comisión, detalló que después del 23 de julio comenzarán los trabajos legislativos para avanzar con las demás etapas de juicio político, para después votarlo en Pleno y enviarlo a los magistrados para su estudio.
Ello sin emitir una sanción hasta en tanto se resuelva el fondo de una controversia constitucional.
“Estamos hablando de un mes más cuándo se sometería el dictamen en la Comisión Anticorrupción, incluso donde la Corte nos lo permite y esperaríamos si nos da la oportunidad de un periodo extraordinario en agosto para emitir un dictamen.
“La Corte nos lo permite e incluso hasta la Corte te permite que una vez que se envíe al Tribunal Superior de Justicia, que también ellos analicen e inicien con el análisis del estudio, y lo que sí nos señala es la no sanción”, afirmó.
Serrato explicó que la Dirección Jurídica del Congreso local presentó una queja ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, en contra de la Jueza, Tania Virginia Neri Borjas, por haber amparado al gobernador.
Además, la legisladora local del PRI advirtió que denunciarán ante el Tribunal de Disciplina Judicial el actuar de Neri Borjas, a fin de que la remuevan del cargo.
“Como presidenta de la Comisión estoy esperando que se evalúe precisamente también presentar una queja administrativa ante el Tribunal de Disciplina Judicial, puesto que la Constitución prevé precisamente un mecanismo de control disciplinario para todos los jueces de distrito e incluso los ministros”, declaró.
Aseguró que el Instituto de la Defensoría Pública no remitió el informe con la designación de un abogado para el gobernador Samuel García.
Por último, subrayó que el Congreso solo vota el juicio político, y el TSJ es el órgano que debe definir la sanción.
“Creo que toda esa información va a ayudar muchísimo a la Comisión Anticorrupción y también al denunciado”, finalizó.
Claudia Caballero, diputada local del PAN, mencionó que ningún funcionario debe estar por encima de la Ley, y lamentó que la Corte haya amparado al gobernador.
“Que quede claro que ningún servidor público, incluido el gobernador, debe estar por encima de la Ley, ni puede estar protegido por decisiones que impidan el esclarecimiento de todos los hechos, por ejemplo, de lo que estamos viviendo en Nuevo León con esta triangulación de recursos públicos”, agregó.
Caballero dijo que su bancada apoyará la propuesta de llevar el tema a pleno en el mes de agosto, toda vez que así estaba calendarizado.
Por su parte, Marisol González, diputada local de Movimiento Ciudadano, criticó que la oposición se dedique a lo que calificó como politiquerías, en lugar de permitir gobernar al mandatario.
“La Corte ha decidido que no hay los suficientes elementos para que se pueda dictar una sentencia, carece de muchos fundamentos esta Comisión, yo creo que es un tema político, de politiquería, en contra del gobernador.
“Creo que es un tema más enfocado para desprestigiar el actuar que ha venido desempeñando el gobernador estos cinco años”, enfatizó.
González añadió que la Corte permite avanzar en todas las etapas del juicio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión al gobernador Samuel García que impide separarlo del cargo o inhabilitarlo dentro del juicio político que le inició la Comisión Anticorrupción del Congreso local.
La medida, que deriva de una controversia constitucional promovida por García, no frena el avance de este procedimiento, según difundió el máximo tribunal.