A pesar de las evidencias, la documentación de casos y las denuncias, para ninguna autoridad ha significado un costo político el asesinato de un periodista. No hay consecuencias para sus pésimos resultados en las investigaciones de los crímenes. Que un periodista viva acompañado por escoltas, bajo medidas de seguridad, sólo refleja la debilidad institucional del país y la incapacidad de las autoridades para garantizar el libre ejercicio periodístico. De poco ha servido una ley federal frente a la impunidad regional, donde sabemos que las amenazas contra la integridad de los periodistas casi siempre vienen del poder y su connivencia con el crimen. Los periodistas hemos aprendido a exigir, pero hemos caído en las trampas de la política de la simulación.
JOS