Hacinamiento en celdas, carencias en servicios de salud, explotación laboral, así como deficiencia de custodios y medidas de seguridad, son algunos de los aspectos que continúan sucediendo dentro de los centros penitenciarios de Nuevo León, así lo informó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
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Al presentar el Diagnóstico de la Situación Penitenciaria en Nuevo León 2018-2019, Sofía Velasco Becerra, presidenta de la CEDH detalló que dicho informe recaba los datos obtenidos de los Penales de Apodaca, Cadereyta, Femenil y Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores y el extinto Topo Chico.
“Este diagnostico es el resultado que tiene la Comisión como obligación de realizar una observación permanente a los centros penitenciarios y ésta está dirigida en lo fundamental a las personas que por ley se encuentran privadas de su liberta”, señaló.
“Nuestra observación es hacia las personas y desde luego, a la infraestructura, pero en función de las primeras, en este sentido, quisiera destacar que al carecer ahora de personas privadas de la libertad el Topo Chico, deja tener un interés esencial para esta Comisión”, dijo al aclarar que en este periodo hubo reacomodos importantes en el funcionamiento de dichos centros.
Además se constató que actualmente las cárceles estatales no cuentan con el personal necesario de especialistas y técnicos que garanticen el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad, a la educación, al trabajo, al deporte y a la reinserción social.
Otro de los aspectos que denunciaron las autoridades, es referente a que se detectó que en los penales de Apodaca y Cadereyta, los reos trabajan más de 10 horas diarias en diversas labores que emprenden en estos lugares, sin tener acceso a prestaciones y que pocas personas tenían acceso a planes educativos.
Durante este periodo de observación, Velasco Becerra detalló que emitieron siete Recomendaciones mismas que se derivan de la acumulación de 25 expedientes abiertos por diversas causales. Además de documentar 113 quejas por omisiones a las obligaciones de seguridad, resguardo y custodia, que se refieren a agresiones físicas, amenazas y cobros por parte de sus iguales, así como agresiones del propio personal de seguridad.
Respecto al tema de población se explicó que se tenía una capacidad instalada para 8 mil 527 personas internas y la población privada de la libertad era de 6 mil 634 personas, lo que significa, una ocupación de casi del 78 por ciento de las referidas instalaciones, cifras englobadas hasta el mes de mayo del presente año.
Además se aclaró, que en este informe se presentaron una serie de propuestas para que las autoridades tomen en cuenta y se tenga una mejor reestructuración del sistema penitenciario, para evitar más violaciones a los derechos humanos de las y los reclusas, para que así se dé cumplimiento a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Dentro de las medidas propuestas se encuentran:
- Tener una mejor redistribución de los preso.
- Se elabore un registro unificado en relación de las enfermedades que se deben de monitorear.
- Implementar un plan de accesibilidad en todos los centros penitenciarios.
- Aumentar el número de custodios.
- Garantizar una verdadera reinserción social de las personas privadas de la libertad.