La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia histórica que fortalece el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y obliga al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro a implementar ajustes permanentes y progresivos de accesibilidad, tras resolver el juicio de amparo 1375/2021 promovido con el acompañamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
El caso fue impulsado por tres personas invidentes usuarias cotidianas del Metro, quienes denunciaron barreras sistemáticas que impedían su desplazamiento seguro y autónomo, principalmente la obstrucción constante de las líneas podotáctiles por comercio informal, así como fallas en señalética y accesos.
“Son un grupo de personas ciegas que se transportan diariamente en el Metro. Entonces, realmente utilizan absolutamente un gran tramo de las Líneas”, explicó en entrevista para Milenio la abogada Jasmín Rosales, asesora especializada del IFDP.
“Las líneas podotáctiles se encontraban cubiertas por puestos que estaban colocados de manera informal dentro del metro y además incluso señaléticas en braille que no estaban siendo funcionales”.
El derecho a la movilidad como “derecho llave”
Rosales subrayó que el núcleo del litigio fue el derecho a la movilidad, que la Corte reconoció por primera vez de manera expresa en relación con las personas con discapacidad.
La abogada explicó que la afectación iba más allá del transporte: “El derecho a la accesibilidad y el derecho a la movilidad son algo que podemos conocer como un derecho llave, es decir, que simplemente fundamentan el derecho a la dignidad de las personas, de poder llevar a cabo su proyecto de vida”.
El amparo se promovió a finales de 2021. Aunque en 2022 se concedió una suspensión que permitió liberar las líneas podotáctiles, el juzgado sobreseyó el caso al considerar que el problema estaba resuelto. Ante ello, el IFDP interpuso un recurso de revisión que fue atraído por la Segunda Sala de la SCJN y resuelto en mayo de 2023.
La sentencia derivó en siete criterios jurisprudenciales obligatorios a nivel nacional, con impacto en todo el transporte público y privado del país.
“Esta sentencia que emitió la Corte fue de voto unánime (…) al final terminaron publicándose siete criterios que definen el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y la obligación de las autoridades de respetar”, explicó Rosales.
Entre los criterios, destacó que los ajustes de accesibilidad deben ser permanentes, graduales y revisables, y que no pueden limitarse por razones presupuestales.
“Cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de algo mucho más grande. No podemos limitarlo a un presupuesto, el ajuste de accesibilidad debe ser pleno, completo y vital”.
Avances: asientos, señalética y elevadores
Actualmente, el amparo se encuentra en fase de cumplimiento, con avances visibles dentro del Metro. Uno de los logros más inmediatos fue la ampliación de los espacios prioritarios.
“Pasamos de cuatro asientos reservados para personas con discapacidad en cada vagón a ocho”, señaló Rosales.
Además, se colocó nueva señalética con advertencias legales para reforzar su uso exclusivo, con un avance aproximado del 40 por ciento en los vagones.
También se implementaron acciones inmediatas de accesibilidad, entre ellas la revisión de elevadores, escaleras y la eliminación de obstáculos.
“Se revisó el funcionamiento de algunos elevadores, de algunas escaleras y de muchas partes”, detalló.
La abogada confirmó que, derivado del litigio, se aprobó un presupuesto específico para obras de accesibilidad.
“Se nos mostró gracias al amparo una solicitud de presupuesto que ya fue aprobado para hacer una modernización en las líneas tanto viejas como en las nuevas, en cuanto a la señalética, la información en braille y lo que son elevadores, rampas y demás”.
Capacitación y primer vagón exclusivo
Otro eje central del cumplimiento ha sido la sensibilización del personal del Metro.
“Desde que inició el amparo, se hicieron varios cursos de sensibilización a todo el personal operativo del Metro”, afirmó Rosales.
Asimismo, se aprobó el inicio del proceso para asignar el primer vagón como espacio prioritario para personas con discapacidad y personas mayores.
“Es un proceso iniciado, aprobado ya por el Metro… para que el primer vagón sea exclusivo de las personas con discapacidad, sin limitar los derechos de las mujeres”, aclaró.
Llamado a la sociedad civil
La abogada hizo un llamado a la ciudadanía a involucrarse activamente en la vigilancia y mejora de la accesibilidad.
“Es importante entender que la pregunta no es qué falta, sino qué podemos hacer para sumarnos y mejorar el proyecto que ya está iniciado”, expresó. También exhortó a reportar obstáculos o violaciones. “Sí es importante que también señalemos: aquí falta esto, aquí falta lo otro, pero desde un punto de vista de trabajo colectivo”.
Finalmente, invitó no solo a las personas con discapacidad, sino a la población en general a acercarse al IFDP. “Esta casa los defiende, somos totalmente gratuitos y estamos en todo el país”, afirmó, al destacar que la sentencia ya está siendo retomada en otros medios de transporte.
Para Rosales, el impacto es profundo y estructural: “No falta poco, pero falta menos. Es un litigio estructural que eventualmente va a cambiar la forma de moverse en el transporte público en nuestro país”.
HCM