A Leidy Lucero Morales Arroyo, una mujer de 20 años de edad, su mamá, María Esther Arroyo, la busca desde el 9 de marzo del año pasado, luego de que junto con su bebé, en ese entonces de tres meses desapareciera de su departamento en el fraccionamiento Paseos de la Pradera, en Atotonilco de Tula.
Un día antes María convivió con su hija; en la noche se despidió y se dirigió hacia su vivienda junto con su bebé que para ese momento todavía no era registrado oficialmente.
Al día siguiente la madre fue al departamento para buscarla y se percató que la vivienda en el fraccionamiento de interés social tenía la puerta abierta y una ventana violentada, además de que en el cuarto donde dormía la joven de 20 años con su bebé, había un desorden inusual.
No había más rastros, y desde entonces desconoce el paradero de su hija y su nieta; desaparecieron, sin mayores pistas que le permitan conocer si se encuentran con bien, a salvo y con vida.
Las autoridades no han resultado de apoyo para su búsqueda, pues a pesar de todos los datos que aportó sobre la expareja de la mujer, quien consideró que pudiera estar relacionada con la desaparición por alguna situación de violencia, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) no tiene avances en sus indagatorias.
Hasta ahora les han informado –dijo– que la expareja se encuentra presuntamente ilocalizable, a pesar de que ella ya lo rastreó vía Facebook, donde su información está actualizada, pero a pesar de aportar ese dato a la fiscalía, la dependencia dijo que ellos lo buscan a través de una tarjeta bancaria, pero para ello hay que llevar un proceso burocrático ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Hasta ahora no hay resultados, pero sí desinterés de las autoridades, pues –considera– no se ha avanzado a pesar de que hay una comisión para la búsqueda de personas en el estado.
El mismo panorama vislumbra la activista, Miriam Chávez López, quien ha dado acompañamiento a familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidios. Vivir de cerca la experiencia con ellos le ha permitido percatarse de la lentitud del proceso de parte de la PGJEH y, sobre todo, la falta de empatía.
“A las familias solo les piden que esperen, pero hay mucho retraso en el proceso; sabemos que hay información que debe cuidarse, pero falta el acompañamiento de autoridades a víctimas; nosotros como activistas no tendríamos que estar dando acompañamiento para que les den respuestas, pues es algo que la autoridad por sí sola debería hacer”, externó.
Pero insistió en que hay “falta de empatía, prolongan el dolor de las víctimas de feminicidios y desapariciones; hay protocolos pero no se aplican debidamente, hay fallas, falta personal, se debe reforzar la procuraduría con mejor capital humano e insumos para atender a los familiares de las víctimas”.
Señaló que hay muchos casos que tienen las autoridades, sin contar –precisó– que no todos se denuncian, y no solo en desapariciones o feminicidios, pues en la actualidad, por ejemplo –relató– hay muchos casos de violencia en hogares, pues las víctimas pasan más tiempo con sus agresores con motivo de la pandemia, y ese aumento de casos agrava la problemática por la falta de actuación pronta de parte de las autoridades.
A pesar de las exigencias de la sociedad mediante protestas, hasta ahora no hay una respuesta seria de parte de las autoridades; “como colectivos y activistas independientes no hemos tenido ninguna respuesta sobre políticas públicas, la única postura que el gobierno estatal ha emitido al respecto la hicieron en una conferencia de Seguridad Pública, en la que se minimizó la situación”, dijo.
Policía limitada
El titular de la dirección de Seguridad Pública de Atotonilco de Tula, Ignacio Hernández Curiel, reconoció que durante el periodo de gobierno municipal, que culminó hace unos días, sí se registraron algunos casos de desapariciones en el municipio, pero dijo que fueron pocos.
La mayoría de esos casos eran personas que vivían en el fraccionamiento Paseos de la Pradera, quienes salían de trabajo hacia el Valle de México y ya no volvían a sus viviendas, y luego no se proporcionaba mayor información al respecto; también se encuentra el caso de Leidy Lucero, quien fue reportado a las autoridades y se inició el protocolo correspondiente.
Explicó que cuando se enteran de esos sucesos acuden con los familiares para constatar el hecho a fin de brindar la orientación sobre los pasos a seguir; destacó que hay apoyo de su dependencia a los familiares de la persona desaparecida, además de que la ficha de búsqueda se comparte en los distintos grupos de coordinación institucional intermunicipal para ampliar los alcances de la búsqueda.
Hernández Curiel aclaró que actualmente la denuncia por desaparición se puede iniciar de inmediato, debido a que el plazo de horas mínimo para denunciar formalmente una desaparición ya fue suprimido con la intención de darle celeridad a la búsqueda con apoyo gubernamental.
Lo mismo refirió Fermín Daniel Hernández Martínez, secretario de Seguridad Pública de Tula de Allende, quien dijo que hay algunas personas que tardan en denunciar las desapariciones, pues tienen la falsa creencia de que deben pasar un determinado número de horas para que se inicie la carpeta de investigación.
Admitió que antes el ministerio público decía a los familiares que tenían que esperar al menos 72 horas para que se considerara como desaparecida a una persona, pero ahora tras una reforma al respecto, la denuncia puede iniciarse de manera inmediata, pues además es una petición del titular de la PGJEH, dijo.
Señaló que las desapariciones se tienen que reportar enseguida y denunciarse, pues señaló que hay algunos casos en los que no se hace la denuncia formal, y solo se sube a las redes sociales una ficha de búsqueda con un número de contacto.
El mando policial indicó que la dependencia a su cargo está al pendiente de esos casos, y buscan darles seguimiento, comunicarse con los familiares y darles acompañamiento, ya que en ese momento se requiere orientación sobre el proceso.
A veces los familiares acceden, en otras ocasiones no y cuando aparece la persona tampoco lo notifican a las autoridades, ni bajan la ficha de búsqueda y en redes sociales se sigue compartiendo la ficha a pesar de que la persona ya fue localizada.
Hernández Martínez puntualizó que en ocasiones, como parte del seguimiento que dan a las desapariciones se comunican con los familiares, y aceptan que desde hace varios días apareció la persona que estaba ilocalizable, pero que ya no notificaron a la policía; menos aún –dijo– comparten con la autoridad el motivo de la desaparición o el estado de salud de la persona.
Informó que actualmente en Tula hay reporte de tres personas desaparecidas, dos de ellas son hombres, y una más de una mujer; ella –dicen– ha desaparecido al menos en tres ocasiones junto con sus hijos, por cuestiones familiares, y ha regresado. De los hombres se desconoce su paradero hasta ahora.
Así entre denuncias tardías, procesos ralentizados, falta de empatía de las autoridades y protocolos sin aplicar debidamente las desapariciones aumentan y mantienen a decenas de familias con angustia y desesperación.
En Hidalgo en los últimos cuatro años, según colectivos:
SIN LOCALIZAR
Dafne Mendoza Buenrostro
Nereytzhi Abigaid Santiago Martínez
Yasmín Ángeles Encarnación
Shaddy Jezabel González Sosa
Brenda Jocelyn Espíndola Reyes
Fabiola Cornejo Ruiz
Ariadna Flores Hernandez
Brenda Saraí Cabañas Olvera
Dulce María Hernández León
Jared Hernández Martínez de la Vega
Karen Sánchez
Gabriela Contreras
Lilian Karina Jarillo Sanabria
Mari José Cervantes Hernández
Alicia Islas Arista
Norma Livia Bautista Mera
Lilia Cervantes Velázquez
Anayeli junes martinez
Hilda Vianey Portillo
Litzy Abyade Larios Bautista
LOCALIZADAS SIN VIDA
Mariana Zavala Escamilla
Yadira Berenice Mateo Cerón
Alondra Castillo Villeda
Lorena Berenice Tinoco Gasparino
Iocelyn Gabriela Yescas Jacobo
Karina Limones Galván
María del Carmen López Ortiz
Natali López Martínez
Veronica Yareli Moctezuma García
Dannia N