El nuevo primer ministro peruano Héctor Valer inició su gestión bajo una controversia que agravó la crisis política local tras conocerse que en 2017 la justicia dictó medidas de protección en favor de su esposa por violencia física y un año antes su hija lo había denunciado por golpearla.
El tercer primer ministro en los seis meses de gobierno del presidente Pedro Castillo negó el jueves en una entrevista con radio Santa Rosa que haya golpeado a su esposa e hija. “No le estoy mintiendo, por Dios, le ruego”, dijo aunque no pudo explicar por qué existe un documento policial por agresión y una decisión judicial de protección para su esposa.
Más tarde, Héctor Valer atizó el fantasma sobre una posible disolución del Congreso, que ya ocurrió en otra gestión en 2019, cuando en conferencia de prensa dijo que si los legisladores no le otorgan el voto de confianza a su equipo ministerial, los parlamentarios sólo tendrán una oportunidad más para censurar a un próximo gabinete y luego se arriesgarían a ser disueltos por el mandatario.
“Habrán perdido la primera bala de plata en el Congreso para luego el Presidente utilizar la bala de oro que es la disolución del Congreso”, dijo el primer ministro.
Valer también invitó a los gremios de psicólogos de Perú para que de forma pública le realicen un examen psicológico y descarten su carácter supuestamente violento. “No tengo miedo”, dijo. “No soy un maltratador, no soy uno que pega”, indicó.
En 2017, la jueza Roxana Palacios ordenó medidas de protección para Ana Montoya, esposa de Valer, y le prohibió al actual primer ministro conductas que constituyan “violencia o acoso” contra ella "bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de resistencia a la autoridad".
La jueza dijo que existen “indicadores de maltrato corporal” sobre la esposa de Valer, provenientes de un certificado médico legal que se le realizó a la agraviada el 22 de octubre de 2016, de acuerdo con la resolución judicial publicada por el diario El Comercio.
La madrugada del 22 de octubre de 2016, la hija del ahora primer ministro, Catherine Valer, denunció a su padre por violencia familiar en una comisaría de Lima. La joven, entonces de 29 años, indicó en la denuncia confirmada por AP que en la noche previa, en su domicilio su padre le había propinado “bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo y jalones de los cabellos”.
Gladys Pasos, vecina de Valer y propietaria del departamento que rentaba el primer ministro, dijo a la prensa que vivió con “mucho estrés” porque Valer "era muy conflictivo, pegalón, malcriado, hacía muchos escándalos con la esposa, la hija".
Valer se marchó de esa vivienda tras habitarla por una década y no pagó la renta los últimos dos años, indicó Pasos.
“Lloraban fuerte, gritaban, había llantos, se tiraban las cosas, hasta un televisor. Varias veces la hija se fue. Cuando yo hablé con Catherine me dijo que por defender a su mamá, también le caía (su padre la golpeaba)", comentó Pasos a la prensa.
La esposa de Valer falleció el 5 de octubre de 2021, según consta en el diario oficial de debates del Parlamento cuando se pidió el 6 de octubre guardar un minuto de silencio en su memoria. No se conocen los motivos de su fallecimiento.
En el Parlamento varios grupos políticos indicaron el jueves que no apoyarán la permanencia de Valer en el puesto. El primer ministro tiene plazo hasta inicios de marzo para ir al Parlamento junto a sus ministros y buscar el respaldo de los legisladores. Si eso no ocurre el Presidente tendrá que formar un nuevo gabinete, incluyendo un nuevo primer ministro.
La Defensoría del Pueblo pidió “evaluar la designación del primer ministro”. Añadió que “designar funcionarios con antecedentes por violencia contra las mujeres y el grupo familiar es incompatible con la necesaria lucha que el Estado debe librar con este problema estructural de la sociedad”.
"Las/os ministras/os que mantienen acusaciones de violencia familiar contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, o niegan la diversidad sexual no pueden continuar en el cargo. Debe recordarse que la desigualdad, la violencia y la discriminación contra los grupos mencionados constituyen graves problemas que aquejan al país históricamente. Por ello, hemos señalado que quienes asuman la responsabilidad de dirigir las políticas públicas para enfrentarlos deben mostrar un compromiso integral con las mismas", añadió la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado.
JLMR