Luego de que el lunes se reportara una presunta protesta en el penal de Cadereyta, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (Cadhac), exigió al Gobierno del Estado esclarecer la situación que guardan los reos al interior del reclusorio, debido a que existen versiones de que hubo traslados por la mañana de este martes y los internos están incomunicados.
Mediante un comunicado, la asociación civil advirtió que se encuentran vigilantes de esta situación y solicitaron al gobierno emitir una postura pública y transparente sobre lo que sucede al interior del centro penitenciario.
“Es de nuestro conocimiento que el centro penitenciario no está funcionando en condiciones de normalidad debido a que personas privadas de su libertad al interior del centro penitenciario de Cadereyta permanecen incomunicadas desde el 12 de noviembre en la tarde, y tampoco han recibido alimentos durante esta mañana”, apuntó.
Asimismo, cuestionaron sobre el posible traslado de reos durante la mañana, luego de que se observara la salida de un camión de transporte resguardado por patrullas de ministeriales.
“Existen además señales que indican la posible realización de traslados de personas desde la mañana de hoy, al identificarse la salida de las instalaciones del centro penitenciario de dos autos de policías ministeriales, un camión de transporte de pasajeros sin rótulos oficiales y una vagoneta de seguridad penitenciaria”, señalaron.
Finalmente, pidieron al Estado informar a las familias y a la ciudadanía en general sobre lo que está ocurriendo en el penal de Cadereyta.
“Ante este escenario, exigimos que el Gobierno del Estado actúe con transparencia y se pronuncie de forma pública frente a la situación, ofreciendo información oportuna a las familias de las condiciones en que se encuentran sus familiares al interior del Centro de Reinserción Social de Cadereyta y notificando cualquier traslado que se haya realizado o pretenda realizarse, ya que precisamente la falta de información es lo que genera incertidumbre y vulnera el derecho de las familias a ser informadas.
“La tutela de las personas privadas de la libertad es responsabilidad del Estado, el ofrecer los alimentos suficientes, garantizar la integridad física y emocional, y el apegarse a los protocolos establecidos para realizar traslados de personas no es una opción, sino que es una obligación del Gobierno de Nuevo León”, concluyó el comunicado.