Una solicitud para que se abra una carpeta de “no investigación” en contra del titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa, presentó este jueves la diputada local Claudia Tapia, en el Congreso del Estado.
La solicitud consiste en un exhorto que espera Tapia que el Legislativo emita a la Fiscalía General de la República (FGR), para que proceda en contra de Murillo Karam a raíz de una deficiente investigación que realizó de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
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La legisladora expresó que la última información obtenida por la Fiscalía General de la República ha dado un vuelco en el caso, por lo que pide se investigue al ex titular de la Procuraduría General de la República.
“El día de hoy, como coordinadora del Grupo Legislativo Independiente Progresista, solicito que el Congreso en Nuevo León emita un punto de acuerdo para que se exhorte a la Fiscalía General de la República a que se abra una carpeta de investigación en contra del ex procurador general de la república, Jesús Murillo Karam.
“Lo anterior, por probables delitos cometidos contra la administración de justicia, en el marco de las investigaciones a su cargo en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”, explicó.
Esta petición surge luego de que el 26 de septiembre de 2014 un grupo de 43 estudiantes que, al ir de paso por Iguala, en el estado de Guerrero, fueron atacados por presuntos integrantes del crimen organizado con supuesto apoyo de las policías de dicho municipio, la estatal y la federal.
Esto dejó como resultado el fallecimiento de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de esta escuela normal rural.
La versión que en aquel entonces dio la autoridad federal a través de Murillo Karam fue denominada “la verdad histórica”, y consistía en señalar que los estudiantes normalistas fueron asesinados y calcinados, y que de ese grupo de personas algunos muertos o inconscientes, fueron llevados al basurero del municipio de Cocula para ser incinerados, después triturar sus restos y arrojarlos al río San Juan y otros sitios.
Claudia Tapia comentó que, sin embargo, a lo largo de los años se desprendieron diversas inconsistencias en la investigación, como, por ejemplo, que muchas de las imputaciones de los presuntos culpables son realizadas mediante tortura y ninguno de los casi 100 detenidos fue acusado por desaparición forzada, sino por tipos penales que distan de la conducta típica implica la desaparición forzada.
De manera adicional, dijo, ante recientes revelaciones de la Fiscalía General de la República, sobre que fueron hallados restos de uno de los normalistas, Cristian Alfonso Rodríguez, en una barranca ubicada a 800 metros del basurero de Cocula, y los nuevos hallazgos en la investigación, implican una ruptura con la denominada “verdad histórica construida”, consideró, con el objetivo de negar el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas y encubrir a los verdaderos culpables.