Para reducir los casos de robo de gasolina, por quienes reciben el servicio y huyen, poniendo en riesgo a todo el establecimiento y la vida de quienes despachan el servicio, además del daño económico, el Grupo Parlamentario del PAN propuso al Congreso mexiquense reformar el Código Penal para castigar estas conductas con penas de 5 a 10 años de prisión, de manera independiente del daño en los bienes, lesiones y otros delitos que pueda causar.
"Robo de gasolina, muy peligroso y necesita ser castigado": Emma Laura Álvarez
La diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio indicó que resulta muy grave que, con el servicio en marcha, arranque el auto, pues eso puede causar un incendio y lesiones graves o hasta la muerte entre quienes están en la zona, como ya ocurrió en algunos casos, por lo cual es necesario castigar con mayor rigor estas conductas y evitar que queden impunes.
Por ello, planteó establecer textualmente que cuando el robo “se cometa contra una unidad económica, cuando habiéndose abastecido o recibido insumos, productos o servicio en la misma, el sujeto activo evita el pago correspondiente, se dé la fuga a bordo de un vehículo, se impondrán de 5 a 10 años de prisión y de una a tres veces el valor de lo robado, sin exceder de mil 500 días de multa y sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos”.
La iniciativa fue enviada para ser analizada
La iniciativa fue enviada a comisiones para su análisis en los siguientes días. Se revisará la posibilidad de reformar la fracción 22 del artículo 290 del Código Penal del Estado de México en materia de robo de combustible que ofrecen las unidades económicas para respaldar a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las familias de trabajadores despachadores que enfrentan pérdidas injustas en su ingreso por el apoderamiento ilícito de combustible e insumos.
En el citado artículo ya se tipifica este tipo de robo, pero con la reforma se trata de precisar con claridad que dicha pena agravada aplicará a quien, habiéndose abastecido de insumos o servicios en una unidad económica, evite el pago, dándose la fuga, a bordo de un vehículo, para evitar ambigüedades técnicas a quienes pongan en riesgo la vida de los trabajadores y el patrimonio comercial mediante este modus operandi.
La legisladora señaló que en los últimos años en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y del Valle de México se ha incrementado este patrón delictivo que atenta gravemente contra el patrimonio de los establecimientos y la seguridad de las personas, lo cual no constituye un mero incumplimiento de pago de carácter mercantil, sino un delito de robo con alto grado de peligrosidad social, que conlleva afectaciones en el quebranto patrimonial, riesgo físico y de protección civil, así como impunidad por carencia de claridad técnica.
Por ello, sostuvo que es necesario actuar con estricto rigor jurídico y técnica penal, sin crear nuevas figuras penales redundantes o caer en una falsa equiparación del combustible a fluidos intangibles como es la energía eléctrica, sino sancionar con severidad la circunstancia agravante de la conducta en el Estado de México.
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